El Gobierno presentó un proyecto de ley para ponerle límite a las pensiones.
Así, plantean que el techo sea de ¢1.765.859, tope de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Dicha medida aplicaría para los regímenes contributivos con cargo al Presupuesto Nacional administrados por la Dirección Nacional de Pensiones.
También se utilizaría para el administrado por la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional (Jupema) y el Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial (ver recuadro).
La entrada en vigor de dicha cifra máxima, según el texto, se efectuaría de manera progresiva en un plazo máximo de seis meses en caso de que se apruebe la ley.
De acuerdo con el Gobierno, la sostenibilidad de dichos esquemas, “está en riesgo debido a la desproporción entre los beneficios otorgados y las contribuciones realizadas”, lo cual está generando una “carga significativa para el presupuesto nacional”.
El texto fue suscrito por el presidente de la República, Rodrigo Chaves, el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, así como por Laura Fernández, jerarca de Presidencia y Andrés Romero, de Trabajo y Seguridad Social.
“Las pensiones de lujo representan un problema grave. Estas exceden significativamente los montos razonables en comparación con las contribuciones realizadas por las personas beneficiarias, no solo crean una carga desproporcionada para el erario.
La existencia de estas jubilaciones privilegiadas es injusta y socava los principios de equidad y solidaridad que deben regir en cualquier sistema, afectando negativamente la sostenibilidad y manejo de recursos públicos”, sostiene la proposición.
Cabe señalar que dicha iniciativa se basa en el “Estudio actuarial de los Regímenes Contributivos de Pensiones con cargo al presupuesto nacional y del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial”, realizado por Kemly Arias Sandí, actuaria consultora, que establece déficit e insolvencia en dichos regímenes.
Asimismo, plantea “desproporciones” respecto a edades de jubilación, revalorizaciones superiores a la inflación, cotizaciones inferiores, beneficios de sucesión y aumento en las cargas producto de los incrementos de la curva generacional.
Desde el Gobierno informaron que, además de presentar el proyecto de ley, estarán elevando una consulta ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) con el fin de esclarecer los alcances legales de la propuesta.
“Sabemos que le estamos tocando la bolsa a los de verdad, a los que tienen la corona de las coronas y que nos vamos a enfrentar, para aprobar esa reforma, a todos los obstáculos que nos podamos imaginar, tanto en la Asamblea Legislativa como en la Sala Constitucional”, externó la ministra de la Presidencia Laura Fernández. Cabe precisar que las opiniones consultivas emitidas por dicho tribunal tienen efectos vinculantes.
¿Qué sigue?
El texto de ley ya se encuentra en Cuesta de Moras. Incluso fue convocado por Casa Presidencial para que los diputados puedan darle trámite.
A dicho texto deberá asignársele una comisión, la cual tendrá que consensuar una serie de comparecencias con organizaciones y representantes vinculados con el tema.
Una vez escuchados esos actores, los legisladores podrán presentar mociones para reformar la propuesta y realizado dicho trámite pasaría a Plenario para su votación. No obstante, podría regresar a la comisión.