El Gobierno de la República remitió un quinto presupuesto extraordinario a la Asamblea Legislativa. No obstante, dicho proyecto está bajo cuestionamientos por parte de la Comisión de Asuntos Hacendarios, ya que se están incluyendo ¢2.684 millones para las “cárceles-carpa”, una propuesta impulsada por el Ministerio de Justicia.
Gerald Campos, jerarca de dicha cartera, asegura que ese plan, el cual consiste en “módulos de baja contención”, ayudaría a solucionar la sobrepoblación de los centros penitenciarios.
No obstante, distintos sectores afirman que no se cuenta con estudios técnicos y, además, critican que se esté considerando un solo proveedor, la empresa española ARPA, recomendada por la empresa tecnológica Datasys.
El tema se agravó luego de que Nogui Acosta, ministro de Hacienda, compareciera ante la Comisión, pues señaló que no podía explicar por qué se agregaron más de ¢2.600 millones en el presupuesto extraordinario.
“No me compete a mí saber cuál va a ser el uso específico de los recursos. Yo pongo recursos en una partida presupuestaria y ahí se utilizan para diferentes fines. Sobre el tema de las carpas, hemos planteado que ya es un proyecto que está listo y que se va a ejecutar y no se ha inscrito ningún proyecto en esos términos en el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplán) ni en el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop) en donde podríamos tener claridad hacia dónde van los recursos”, acotó el ministro ante el órgano legislativo.
Y agregó: “No sé si ellos han hecho estudios o gestiones que normalmente se hacen para un proyecto. Desde el punto de vista presupuestario, los recursos están ahí, ellos los solicitaron, ellos mismos generaron recursos para darle contenido a esa partida. Nosotros venimos a mostrar la priorización que hace cada uno de los ministerios con cada uno de los recursos”. Indicó que “son para módulos de baja peligrosidad”.
El hecho fue calificado por Paulina Ramírez, presidenta de la Comisión, como una “irresponsabilidad”. “Me llama la atención sobre esta modificación de partidas (…). Cuando ustedes se hacen presentes, vienen con toda la viabilidad y la justificación de un proyecto o no. Recuerde que incluso usted prevé o no si se puede ejecutar o no un recurso. Me extraña muchísimo que usted no lo sepa. Usted siempre pide que le justifiquen los proyectos”, externó.
Criterio similar tuvo el legislador del Frente Amplio (FA) Jonathan Acuña.
“En términos políticos, yo tengo la responsabilidad de saber en qué se van a usar más de ¢2.000 millones, sobre todo cuando hasta el día de hoy no hay ningún criterio técnico que pueda sustentar que se utilicen las carpas como mecanismo para tener a personas privadas de libertad y que existen un montón de dudas de orden ético, político y jurídico, por ejemplo, de cómo se hizo el contacto con una empresa en España. Espero una pronta respuesta de parte del presidente de la República, que nos envíe los criterios técnicos y que se nos aclare por escrito si esos recursos que están aquí incorporados podrían ser utilizados o no para esos fines”, mencionó el diputado.
Ante tal situación, la Comisión acordó traer al ministro de Justicia y Paz, Gerald Campos, para que rinda explicaciones sobre los ¢2.684 millones presupuestados.
IDEA DEL PROYECTO
Las conocidas carpas para reos es una alternativa que baraja el Ministerio de Justicia y Paz, en aras de atender la sobrepoblación carcelaria
Serían destinadas para población de baja contención o riesgo.
Para sus detractores, el principal reclamo es que se requerirían más recursos policiales y económicos para garantizar espacios seguros. Además aseguran que sería un retroceso a nivel penitenciario.