El Gobierno anunció este miércoles que presentará ante la Asamblea Legislativa un proyecto de ley para endurecer las penas por aborto, castigando a las mujeres que lo practiquen como a quienes se presten para realizarlo, mientras que el presidente Rodrigo Chaves sugirió que los bebés no deseados sean enviados al Patronato Nacional de la Infancia (PANI) antes de ser asesinados.
Así lo informaron Chaves y la ministra de la Presidencia, Laura Fernández.
“En Costa Rica el derecho a la vida es el pilar fundamental que sustenta todos los derechos humanos. Los niños por nacer son el costarricense más vulnerable de todos y no puede ser que las personas que los están asesinando tengan penas tan ridículas de seis meses de prisión”, afirmó la ministra, quien explicó que desde su despacho se hizo una revisión de las penas de quienes asesinen a los no nacidos, es decir, los más indefensos.
Agregó que de inmediato se enviaría a la Asamblea Legislativa una iniciativa para ser convocada denominada “Ley para el endurecimiento de las penas por aborto en defensa del derecho a la vida de los niños no nacidos”.
Aunque, una revisión del portal legislativo minutos después de las 7:00 p.m. reveló que el texto aún no había sido presentado.
Chaves dijo que tiene personas cercanas, incluidas mujeres que piensan que el aborto libre debería ser un derecho. “Es mi cuerpo”, expresó, en referencia a lo que una de ellas le dijo.
Luego usó una metáfora en la que invita a estas féminas a subirse a un avión suyo y que en medio vuelo les pida bajarse.
“Eso sería un asesinato, es su avión, su cuerpo, pero la persona que está ahí adentro es un ser humano. A menos que haya ocurrido algo extremo como una violación”, comentó.
El mandatario justificó esta decisión afirmando que la “gran mayoría” de los costarricenses están en contra del aborto.
“Hoy somos una masa aglomerada contra grupitos dispersos”, añadió.
Enfatizó que no hay disputa en defender la vida de la madre cuando sea necesario, pero más la de los indefensos, un ser humano que está dentro del cuerpo de una mujer “temporalmente”.
“Aterrice el avión antes de echarlo por la puerta y ahí déselo al PANI a una familia buena”, apuntó.
El proyecto de ley reforma el Código Penal, específicamente en los artículos 118, 119 y deroga el 93 y el 120 e impondría una pena máxima de 12 años a quien realice un procedimiento de este tipo de forma ilegal.
Hay que recordar que en Costa Rica el llamado aborto terapéutico es legal desde 1970, pero no fue hasta diciembre de 2019 que el entonces presidente, Carlos Alvarado, firmó una norma técnica por decreto que sirve como una guía para que el personal médico valore los casos en los que se puedan aplicar la interrupción del embarazo cuando la vida o la salud de la mujer está en peligro.
La Sala Constitucional tiene en estudio una acción de inconstitucional de dicha norma.
Larissa Arroyo
Abogada Derechos Humanos
“Los estándares piden que los países tomen acciones para prevenir los embarazos no deseados a través de educación sexual”.

Prevenir más que castigar
Para la abogada especialista en derechos humanos, Larissa Arroyo, el Gobierno debería de apostar por acciones para la prevención antes que castigar.
“Los estándares piden que los países tomen acciones para prevenir los embarazos no deseados a través de educación para la sexualidad, de acceso a los servicios de salud, anticonceptivos y anticonceptivos de emergencia, así como la eliminación de roles y estereotipos de género”, externó.
Indica que al ser una iniciativa de ley y no una norma en ejecución, no se pueden desarrollar acciones directas en contra. Además, advierte el reciente fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra de El Salvador por prohibírselo a una adolescente.
“Creó la ruta que deberían recorrer todos los países para cumplir la Convención Americana sobre Derechos Humanos.”.
Destaca, además, que el documento presentado por el Ejecutivo no puede analizarse como un hecho aislado, sino como parte de un conjunto de acciones en perjuicio de poblaciones vulnerabilizadas, como la comunidad sexualmente diversa, los menores de edad y las mujeres.
Menciona la eliminación del Decreto Ejecutivo 38.999, buscaba erradicar la discriminación hacia la población LGBTI en las instituciones del Estado.