La Casa Presidencial busca que la Asamblea Legislativa ratifique el Convenio de Budapest, el cual limitaría a empresas chinas del desarrollo de infraestructura 5G en Costa Rica.
En la última convocatoria de proyectos, el Poder Ejecutivo solicitó a los diputados que avance con el expediente 24.873.
Dicho convenio establece “cooperación en materia de datos tecnológicos, ciberdelincuencia y privacidad de usuarios”.
En setiembre de 2023 el presidente de la República, Rodrigo Chaves, ratificó que únicamente podrían participar en la implementación de tecnologías y plataformas 5G aquellos países que hayan suscrito dicho acuerdo.
De este modo, empresas de la República Popular China, así como de Corea del Sur, Singapur, Suecia, Brasil y otras potencias en materia tecnológica y de telecomunicaciones, no podrán licitar frecuencias o participar en el desarrollo de la infraestructura para 5G.
Así, el texto impulsado por Chaves busca que los diputados den rango al acuerdo internacional.
De acuerdo con el Ejecutivo, Costa Rica debe tener “reglas claras y uniformes que faciliten la cooperación transfronteriza” en materia tecnológica y además salvaguarden los derechos de la población.
Al día de hoy, al texto no se le ha asignado ninguna comisión legislativa.
Polémica
El tema genera polémica porque distintos sectores consideran que la medida adoptada por Zapote es de carácter ideológico y tampoco cuenta con ningún tipo de respaldo técnico. Paula Bogantes, ministra de Ciencia y Tecnología, aseguró ante la Comisión de Relaciones Internacionales que la decisión de discriminar empresas era de “carácter político”, dependiendo de su país de origen y si habían firmado el Convenio de Budapest.
La representación china en Costa Rica ha manifestado que la medida ha alejado inversión del país y ha hecho que empresas dejen de invertir a nivel local.
Todo ello en medio de un recurso presentado ante la Sala Constitucional, donde se cuestiona la decisión del Gobierno sobre excluir empresas chinas.
A mediados de 2024 el Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible de la Universidad Nacional (Cinpe-UNA) señaló que la decisión de Casa Presidencial ha tenido un impacto económico y tecnológico.
Dicho estudio revela que las decisiones del Ejecutivo incrementarían hasta un 40% las tarifas de internet y telefonía.
Incluso, Guillermo Rojas Guzmán, presidente de la Comisión para Promover la Competencia (Coprocom), manifestó ante el mismo órgano legislativo que el decreto 44196-MSP-Micitt podría salirles muy caro a los costarricenses.