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El Poder Ejecutivo anunció una hoja de ruta económica centrada en la disciplina fiscal, el control estricto del gasto público y una ofensiva técnica contra el contrabando y la evasión tributaria.
Para ello, el Ministerio de Hacienda llevará al Congreso 15 proyectos de ley, entre lo que resta de julio y la primera semana de agosto.
El ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves, no quiso dar detalles de las reformas, pero en general indicó que se fundamentan en tres ejes: Combate a la evasión y contrabando, regulación de las exoneraciones y una reforma al impuesto sobre la renta.
Esta estrategia, fundamentada en reformas legales y el uso de nuevas tecnologías, busca consolidar los indicadores macroeconómicos y alcanzar el grado de inversión en los mercados internacionales.
En el ámbito de la gestión de recursos, el Gobierno instruyó a todas las instituciones del Estado a aplicar un ahorro obligatorio del 5% en sus presupuestos. Esta medida de contención exige que cada entidad justifique la ejecución de sus fondos, con el objetivo de optimizar recursos que se encuentran sin ejecutar en el sistema bancario, como es el caso de los fondos del Poder Judicial.
“Cada colón tendrá que justificarse, cada institución hará más con los mismos recursos. Para el 2027 las instituciones van a tener que hacer un ejercicio mucho más eficiente para lograr las mismas metas”, dijo Chaves.
En paralelo, se ejecuta el Plan Nacional “Cero Tolerancia al Contrabando y al Comercio Ilícito”.
A la fecha, los operativos de la Policía de Control Fiscal han permitido el decomiso de más de 29.5 millones de productos ilegales, incluyendo un cargamento de 23 millones de cigarrillos en una bodega en San Rafael de Alajuela, con un valor estimado en el mercado de ¢2.300 millones.
Las medidas incluyen retenes permanentes en carreteras y la inspección técnica en comercios, supermercados y outlets para verificar la trazabilidad de las mercancías.
La lucha contra la evasión también se ha extendido al control aduanero y al uso de comprobantes electrónicos. El Ministerio de Hacienda detectó irregularidades en la importación de vehículos de lujo. Además, se han identificado esquemas de facturación falsa mediante “empresas de papel” que pretendían evadir más de ¢41 millones.
Por su parte, la presidenta de la República, Laura Fernández, destacó que estas acciones son fundamentales para la competitividad del sector productivo y la estabilidad financiera del país.
“Muy pronto Costa Rica va a alcanzar grado de inversión y eso va a ser una noticia que celebraremos juntos los costarricenses, porque requerimos alcanzar grado de inversión para que nuestra economía, el sector privado y el sector público tengan un despegue mucho mayor al que ya tiene”, explicó la mandataria.
Fernández subrayó que su gestión prioriza las alianzas con cámaras empresariales, industriales y ganaderas para poder así erradicar la competencia desleal provocada por redes criminales de distribución ilícita.
Los resultados de estas acciones se reflejan en la reducción de la deuda pública, que pasó de un 67% a un 60.5% del PIB. Además, las reservas internacionales se triplicaron, ascendiendo de $6.197 millones a más de $20.704 millones.
El Gobierno proyecta que, de mantenerse estas medidas, se evitará un escenario de deuda del 68.8% para el año 2031, garantizando la sostenibilidad de la inversión pública en infraestructura y seguridad.