El Gobierno de la República ordenó la apertura de un proceso disciplinario contra 88 funcionarios públicos que deberán devolver ¢11,7 millones correspondientes del bono Proteger.
El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) compartió el informe con los resultados de la recuperación del subsidio con base en el cumplimiento del plazo de los 30 días hábiles para otorgar los recursos.
Dicho informe reveló que esos funcionarios se encuentran en al menos 9 instituciones del Estado, por lo que se iniciarían esos procedimientos disciplinarios con el fin de colaborar con la recuperación de fondos.
“El 27 de julio fue la fecha de corte que se estableció para la tabulación de los resultados obtenidos, en la gestión de cobro a un estimado de 1.309 funcionarios públicos que solicitaron el bono Proteger, una cantidad aproximada, puesto que el dato provenía de filtros realizados por la anterior administración y la actual no contaba con las bases de datos originales para verificar la exactitud de estos números.
Sumado a ello, en el año 2021 se solicitó a las instituciones certificar si las personas que se indicaron eran realmente funcionarios públicos, sin embargo, de las entidades consultadas, 23 de ellas no respondieron, por lo que la administración anterior decidió interpretar ese silencio como positivo y los contabilizó como tales”, argumentó el MTSS mediante un comunicado.
RECUPERACIÓN
La administración logró recuperar apenas ¢5,7 millones, según detalló la Tesorería Nacional del Ministerio de Hacienda, de 38 funcionarios públicos que atendieron la solicitud gubernamental.
17 instituciones detallaron que había personas que ya no laboran para el Estado, es decir, 99 ya no están y debieron ser trasladadas de órgano recuperador para gestionar el cobro.
Además indicaron otras instituciones que no era de su competencia realizar los cobros, por lo que se trasladó a 78 personas en la lista al órgano recuperador.
El Ministerio de Trabajo coordinó con el Banco Popular para la recuperación de ¢2.400 millones depositados en cuentas de esa entidad financiera que se pusieron a disposición para las personas que se verían beneficiadas.
“En cuanto a las posibles implicaciones legales que podrían desprenderse producto de la mala gestión de este bono, el Ministerio de Trabajo consultó a la Procuraduría General de la República si existía alguna responsabilidad civil o penal del representante legal de la empresa Continum Data Center, por consecuencia de los fallos que presentó la plataforma en la entrega de los subsidios”, apuntó el MTSS.
Al respecto detallaron que el Estado dictaminó que la consulta debía trasladarse a la Contraloría General de la República porque figura como el ente que fiscaliza lo relacionado con recursos públicos.