A pesar de que se trata de fondos públicos, es decir plata de todos los costarricenses, el Gobierno de Carlos Alvarado oculta cuánto ha gastado y gastará en adquirir vacunas contra la Covid-19.
El Ejecutivo alega que la razón por la que no pueden revelar el monto es debido a una cláusula de confidencialidad que firmaron con Pfizer-BioNTech a la hora de adquirir dichas inmunizaciones.
Ante la consulta de DIARIO EXTRA en la conferencia de prensa realizada este martes, Alexander Solís, presidente de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), dijo que esa fue una de las condiciones que le puso la casa farmacéutica a la Administración.
Además, justificó que, de dar a conocer el monto que se ha desembolsado por las dosis, el Gobierno se expondría a perder el contrato, es decir a quedarse sin las vacunas que tienen programado llegarán cada semana de enero y en ciertas fechas de febrero.
“El país firmó un contrato de confidencialidad con Pfizer para la adquisición de estos 3 millones de dosis. Ese contrato tenemos que respetarlo hasta el momento en que la cláusula nos permita la liberación. Lo que sí hemos sido claros desde el inicio es mencionar cuál es el plan de inversión total, que es aproximadamente de $70 millones para los tres mecanismos e incluso la compra de insumos. Esa compra de insumos es aproximadamente 8 mil dólares y el resto corresponde a la compra de dosis”, aseveró Solís.
Resaltó que la Administración podrá divulgar la información hasta que Pfizer se lo permita.
MÁS JUSTIFICACIONES
Pese a las justificaciones, Solís manifestó que ni siquiera han emitido un decreto de secreto de Estado.
“Es un contrato y el contrato establece la cláusula. No tenemos hasta el momento ningún decreto ejecutivo al respecto, solamente tenemos la obligación como país firmante del contrato de cumplir esa cláusula de confidencialidad o de lo contrario nos exponemos a las sanciones que contiene el contrato”.
INCONSTITUCIONAL
Consultados por el Diario del Pueblo, los reconocidos abogados constitucionalistas Fabián Volio y Ewald Acuña coinciden en que dicha cláusula de confidencialidad resulta ilegal, pues lesiona el artículo 30 de la Carta Fundamental.
“No existe ninguna norma, ni en la Constitución Política, ni en la Ley de la Contratación Administrativa, ni en ninguna otra que permita al Gobierno ocultar el gasto público utilizado en ese tipo de compras, que en todo caso es una compra normal, como cualquier otra vacuna que se compra durante el año”, expuso Volio.
Acuña, aseguró que para que se emita una declaración de Secreto de Estado debe de estar bien fundamentado. “Habría que conocer el contenido del contrato para valorar una imposición en ese sentido”.
ABOGADOS CONSTITUCIONALISTAS: GOBIERNO INCURRE EN ILEGALIDAD
• Fabián Volio
“En mi opinión, esa no es información privilegiada o confidencial que pudieron haber incluido en un contrato de compra-venta público. El hecho de que se haya eximido de la licitación pública no cambia la naturaleza del gasto, porque siguen siendo fondos públicos, así que esa cláusula es nula y me parece a mí que más bien el Gobierno nunca la debió de haber aceptado. No parece tampoco que la empresa la haya exigido, porque esas empresas exigen más bien confidencialidad de detalles técnicos de la vacuna, que de todos modos no son relevantes para la compra, así que en mi opinión no existe ninguna justificación para ocultar la compra de un bien como este ni de cualquier otro. Por lo tanto, el Gobierno debería de entregar la información”.
• Ewald Acuña
“Eso que señala el gobierno no puede considerarse una excepción para no informar datos que tienen relación con fondos públicos. El acuerdo con la compañía farmacéutica no puede sobreponerse a la regla constitucional que tiene que ver con información pública, que está estipulado en el artículo 30. Entonces por tratarse de fondos públicos el gobierno no puede justificarse en ese sentido”.