Un plan se gesta desde el Ministerio de Planificación para cerrar instituciones, pero entre ellas no está el Consejo Nacional de Producción (CNP).
DIARIO EXTRA conversó con Rogis Bermúdez, presidente ejecutivo de la institución, quien manifestó que ese tema no está entre los planes del gobierno.
Señaló que más bien trabajan en un plan de fortalecimiento, por lo que sus 300 colaboradores pueden estar tranquilos.
Si bien ya se aprobó un traslado de la sede del CNP a terrenos del PIMA Cenada, en Barreal de Heredia, lo cierto es que todavía se deben hacer estudios de suelo.
“Esto no tiene nada que ver con una absorción entre instituciones, sino con el uso de un espacio. Lo que está haciendo el Consejo Directivo del PIMA es facilitándonos un terreno al CNP”, explicó.
De acuerdo con Bermúdez, si bien el Banco de Costa Rica (BCR) es el propietario del inmueble en Barrio Corazón de Jesús, les da tiempo para hacer el traslado a las nuevas instalaciones.
“Esperamos que la construcción del nuevo edificio del CNP comience en el 2020. Una vez construido tenemos que desalojar donde estamos. Hemos pedido permiso al BCR”, comentó.
En total se cuenta con ¢6.300 millones para el nuevo inmueble, sin embargo Bermúdez manifestó que no hay certeza de si se usará todo ese dinero o solo una parte.
Por ahora no se prevén despidos, ni traslados de funcionarios como parte del cambio de edificio.
El plan original era que las obras comiencen en el tercer trimestre de este año.
Se utilizará un terreno del Estado para ahorrar en gastos innecesarios en los que se incurriría en caso de comprar una propiedad.
El presidente ejecutivo aseguró que los recursos provenientes de la venta solo se pueden invertir en terrenos de capital.
Si bien el CNP tenía interés en utilizar parte del dinero en el pago a proveedores, eso todavía está por verse.
En 2013 el Consejo vendió su sede central al BCR en ¢6.300 millones, sin embargo no es hasta ahora que la entidad financiera tomará control de las instalaciones, pues así se pactó.
No obstante, esto significaría una erogación de recursos adicionales para la entidad durante los meses adicionales que se mantenga en esas instalaciones.