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La Casa Presidencial no se compromete, de momento, con complacer la principal petición de los taxistas para no volver a las calles a protestar: la demanda contra la multinacional Uber.
Es más, ni el presidente Luis Guillermo Solís ni el ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro, tienen claro si esa demanda es viable ni ante qué instancia se debe interponer.
Tras la reunión con los taxistas el mandatario fue claro al decir que sobre ese punto en particular “no se ha tomado ninguna decisión” y que antes de tomarla los equipos técnicos de la Presidencia y del Ministerio de Transportes analizarían esa posibilidad. El mandatario desconocía ante qué instancia se podría interponer dicha demanda.
“La demanda tiene que ver con las diferentes resoluciones que al respecto ya se han emitido por la Procuraduría, el Consejo de Transporte Público y la Sala Constitucional, vamos a ver qué procede”, comentó Solís.
El martes cuando al ministro Sergio Alfaro se le consultó sobre la posibilidad de esa demanda, recalcó que es solo una petición que será analizada.
“Lo único con lo que nos comprometimos fue con analizar sus peticiones”, insistió Alfaro.
A más tardar la primera semana de agosto el gobierno tiene que tenerles una respuesta a los taxistas sobre dicha demanda contra Uber. Tras la reunión del viernes anterior el gobierno solicitó un plazo de 15 días para analizar dicha petición.