Los arroceros están muy molestos con esta administración, luego de que el gobierno rechazara la solicitud de desabasto que habían solicitado.
Según información en manos de DIARIO EXTRA, el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) es la institución que habría tomado la decisión acogiendo una recomendación técnica del Consejo Nacional de Producción (CNP).
Hace un mes que la Corporación Arrocero Nacional (Conarroz) había pedido que se dictara el desabasto para garantizar la materia prima para el sector agroindustrial, que se prevé podría escasear para abril.
José Luis Bolaños, presidente de la junta directiva de la Corporación, dijo que el gobierno ignora la realidad del modelo del arroz en Costa Rica, pues en sus palabras, un decreto de desabasto es ayudarle al país porque le da competitividad a la producción nacional.
“Ayuda a disminuir los costos de la materia prima, favoreciendo con ello los precios al consumidor final. Las industrias tienden a desaparecer por falta de decisiones correctas y oportunas por parte del gobierno, y con ello poder enfrentar los bajos precios, producto de subsidios de los grandes países exportadores”, añadió.
Para Luis Corea, presidente de la Asamblea Nacional de Productores de Arroz, las directrices de gobierno están tendiendo a debilitar al pequeño productor.
“La decisión del MAG repercute en la difícil situación que enfrenta el productor nacional, por beneficiarse del requisito de desempeño, cuya legalidad le permite al agroindustrial participar en las importaciones con cero arancel, según las compras realizadas al productor nacional efectuadas en el período arrocero anterior”, resaltó Corella.
A criterio de Conarroz, los mandos medios del sector agrícola, específicamente del CNP y del Ministerio de Agricultura, desconocen los efectos de la aplicación del desabasto.
Lo anterior deja la duda de qué sucederá el próximo año con el precio de uno de los principales productos de consumo en la mesa de los costarricenses, pues si bien el costo de la bolsa de arroz es fijado por el gobierno, es obvio que si escasea el grano y se trae producto con impuesto, podría requerir de una nueva revisión.
A mediados de diciembre, el gobierno anunció un incremento en el precio al consumidor de ¢24, por bolsa de dos kilos.