Óscar Alfaro, gerente general de la empresa Transnica, denunció que el gobierno incumple con su promesa de trazabilidad y control en la contratación de peones agrícolas nicaragüenses.
Según Alfaro, si bien la Administración emitió un decreto en octubre de 2020 para garantizar que los trabajadores pinoleros estén bien de salud y no pongan en riesgo a la ciudadanía costarricense por la pandemia de Covid-19, nunca se derogó otra resolución que desvirtúa dichas disposiciones.
La contradicción se encuentra en el oficio 42406-MAG-MGP, emitido por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) el 22 de junio de 2020, frente al lineamiento LS-SP-003 del Ministerio de Salud, elaborado el 23 de octubre del 2020.
COMO PEDRO POR SU CASA
En el primero, el MAG permite a los migrantes nicaragüenses acercarse a las fincas agrícolas que requieran mano de obra para trabajar en las cosechas.
“Este régimen de excepción será aplicable únicamente para personas extranjeras que hayan ingresado al territorio nacional entre el 15 de enero de 2016 y el día 15 de enero de 2020, quienes se desempeñan o pretendan desempeñarse en los sectores agropecuario, agroexportador o agroindustrial; además, podrán optar por esta categoría especial aquellas personas extranjeras que no estén regularizadas en el país o que hayan solicitado la regularización de su permanencia entre las fechas indicadas y dicha petición esté pendiente de resolución”, se lee en el documento del cual tiene copia DIARIO EXTRA.
La resolución del MAG agrega que lo único que deben de hacer estos migrantes es estar registrados en la base de datos del Ministerio para poder presentar su solicitud de la Categoría Especial para Trabajadores Temporales del Sector Agropecuario, Agroexportador o Agroindustrial (Cettsa).
Lo anterior deja la puerta abierta para que cualquier nicaragüense que haya cruzado la frontera norte por algún punto ciego y arregle su situación en el país solicitando, por ejemplo, la condición de refugio, haya tenido la opción de pedir trabajo en cualquier finca que requiera peones.
DISPOSICIÓN DE SALUD
Sin embargo, resulta extraño que dicha posibilidad se aleja sobremanera a lo dispuesto en el lineamiento de Salud emitido a finales de octubre anterior.
En específico precisaba: “El objetivo de este lineamiento es procurar que el Transporte Internacional Terrestre, de personas que viajen con ocasión de trabajar en el sector agrícola nacional, provenientes de Nicaragua, según así se requiera, lo hagan provistos de las medidas sanitarias pertinentes, utilizando mecanismos que mitiguen la eventual propagación del Covid-19 en el marco de la alerta sanitaria establecida”.
Añade: “Está dirigido a las empresas u operadoras del Transporte Internacional Terrestre de personas, responsables de las terminales de pasajeros, usuarios de los servicios, propietarios y administradores, con el fin de que las medidas sean de acatamiento obligatorio ya que estos servicios son de riesgo en la transmisión del virus”.
Continúa: “La aplicación de este lineamiento va dirigido a los servicios de transporte público que operan empresas de Transporte Internacional Terrestre, específicamente, para el traslado de las personas nicaragüenses que procuran laborar en actividades agrícolas en Costa Rica, como parte de las acciones preventivas y de mitigación dictadas por el Ministerio de Salud para la atención de la alerta Covid-19”.
Para Alfaro todo lo anterior, así como el discurso sobre la trazabilidad de dichos migrantes se emitió en vano, al no derogarse el decreto del MAG.
DIARIO EXTRA profundizó con el empresario sobre la contradicción del Gobierno, la afectación que esto supuso para las compañías autobuseras transfronterizas y sobre todo el riesgo para los ciudadanos en medio de la pandemia.
¿Qué les informaron a ustedes?
– El Consejo de Transporte Público (CTP) emitió una resolución donde nos autoriza a las empresas de transporte internacional terrestre para que traslademos a esa gente y no existiera ningún transbordo donde se perdiera la trazabilidad.
¿Cómo se suponía que iba a ser ese servicio?
– Nosotros los recogíamos en territorio nicaragüense y ellos bajaban en las fincas a las que iban a trabajar.
¿Quién supuestamente se iba a encargar del trámite en la frontera?
– Cuando el productor agrícola necesitaba esa mano de obra, tenía que hacer esa solicitud, y la gente del Ministerio de Salud verificaba dónde iban a estar alojados. Con ese visto bueno, se pasaba al INS para el seguro de riesgo de trabajo. Luego viene la Caja para el aseguramiento y finalmente se va al Ministerio de Trabajo, que emite una resolución con la lista de los nombres.
¿Para qué era esa lista de nombres? ¿Para garantizar la supuesta trazabilidad?
– Sí. Una vez que la lista estaba aprobada, entonces los productores tenían el visto bueno para llamar a nuestras empresas y decir que ocupaban trasladar tantas personas. Cuando se iba a la ciudad de Rivas o a la de Managua, se aplicaban los protocolos de seguridad, como la aplicación de alcohol en gel, el uso de mascarilla y la revisión de la temperatura. Una vez que llegaban a Costa Rica, los esperaban en un toldo.
¿Para qué era ese toldo?
– Hubo un compromiso de los productores de hacer un 20% de pruebas Covid-19 al azar.
Todo eso suena muy bien, pero ¿qué fue lo que pasó entonces…?
– Hay un doble discurso del Gobierno. El decreto del MAG nunca se derogó. El Gobierno corrió a llamar a la población a coger café cuando siempre hubo forma de que los migrantes lo hicieran. Corrieron también a realizar un lineamiento para garantizar trazabilidad, pero que no se cumplió a cabalidad.
Al final, ¿cuánta gente transportaron como debía de ser?
– Solo trajimos 4.875, cuando se habló de internar a casi 30 mil nicaragüenses. Yo quisiera saber dónde está esa gente, qué seguimiento se les dio, dónde quedó la famosa trazabilidad y el control por la pandemia.
¿Es un riesgo para la población? Y el Gobierno tanto que habla del Covid-19…
– Exacto. Aquí el problema no es en el fondo de las empresas autobuseras, el tema aquí es que existe un fraude a la sociedad costarricense, porque buscaron una metodología para apantallar, dijeron: “vamos a traerlos con un sistema de transportación para garantizar la trazabilidad” y eso no fue así.