El 7 de setiembre de 2022 la administración Chaves Roble presentó a los diputados de la Asamblea Legislativa el proyecto de ley para la venta del Banco de Costa Rica (BCR), cuyo expediente era el 23.331.
Sin embargo, el 29 de noviembre este fue desconvocado por el Poder Ejecutivo al alegar que revisarían las observaciones planteadas por los legisladores.
Desde esa fecha hasta hoy han transcurrido 244 días, es decir 8 meses y dos días exactos, y el tema nunca dejó de estar en el ojo público. Tanto legisladores como Casa Presidencial, prensa y opinión pública lo ven de reojo.
Una nueva iniciativa de ley para la venta del banco ha sido distribuida entre todos los jefes de fracción. “Esta propuesta se les entregó ayer y daremos dos semanas de tiempo para recibir observaciones. Después de cumplido este plazo será presentada formalmente”, declaró Nogui Acosta, ministro de Hacienda, a DIARIO EXTRA.
Según el ministro, este proyecto es más sencillo y directo en cuanto al proceso de venta. “Se busca la transformación del banco en una sociedad anónima y posteriormente se buscará la venta de las acciones. Lo ideal, el 100% de estas o al menos el 51%”, explicó.
La idea de vender este conglomerado financiero surge de la idea de abonar a la deuda pública, según Acosta, quien añadió: “…y de esta manera crear espacio por el ahorro en el pago de intereses para dedicarlo al gasto social”.
Casa Presidencial había señalado por medio de un comunicado que “los trabajadores del banco continuarían laborando en la Sociedad Banco de Costa Rica, S.A, como banco privado”.
Sobre este tema, Acosta sostiene que “la propuesta es la venta de un negocio en marcha, por lo tanto no se estará cesando a los trabajadores. Los miembros de junta directiva se cesan, pero no se les debe liquidar nada”.
La venta de la entidad creada en 1877 bajo el nombre de Banco de la Unión, que desde 1890 lleva su nombre actual, le dejaría al Estado $1.800 millones, información que ha dado a conocer el Gobierno en varias ocasiones.
Para que la venta sea una realidad debe ser aprobada por mayoría calificada, es decir, 38 legisladores deben darle el visto bueno al proyecto.
Lo anterior porque el Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa dispone que los proyectos que implican la extinción o venta de bancos estatales necesitan la votación de una mayoría parlamentaria.