El Gobierno de la República iniciará el 2024 con un nuevo proyecto de ley para vender el Banco de Costa Rica (BCR).
Así fue anunciado por Nogui Acosta, ministro de Hacienda, en conferencia de prensa.
De acuerdo con el jerarca, el Gobierno de la República ya cuenta con un borrador que estaría presentando a la prontitud en la Asamblea Legislativa con el fin de vender la entidad bancaria y, con los recursos obtenidos, amortizar a la deuda del Estado.
“La venta de activos es todo un tema que hemos venido planteando. No hemos encontrado espacio en la Asamblea Legislativa, pero tendremos que plantearlo una vez más porque es la única manera en la cual podemos avanzar más rápidamente en la reducción de la deuda-PIB (…).
La gente entiende poco por qué estamos en esa condición, pero si lo hacemos vamos a hacer dos cosas, subir un escalón en la capacidad de ampliar el gasto, pero, además, vamos a liderar el gasto de capital y ese es un tema importante porque podríamos meter más crecimiento en capital.
Hay una necesidad de fuentes de financiamiento. Si no, podría afectarse el mercado local y tendremos que presionar las tasas de interés. Hay que arrancar con ese tema, ya que tenemos la obligación de consolidar los números fiscales del país”, indicó.
Acosta no señaló en cuánto estarían estimando el ente público.
A manera de referencia, es preciso indicar que, en febrero, la Asamblea Legislativa rechazó un proyecto de ley del Gobierno que tenía la misma intención.
El costo estimado, en ese momento, era de $1.785 millones (¢933,7 millones) y con los recursos se pretendía reducir la deuda interna y externa.
MALOS OJOS
El anuncio no cayó nada bien en Cuesta de Moras.
“La mayoría de diputados no está de acuerdo con el tema e insistir con eso, busca polarizarlo. Hay un gran costo social (con la venta del Banco), se afectan muchas entidades que reciben transferencias directas (parafiscales). Si avanzan esas propuestas, lo venderían en precios ridículos”, dijo Paulina Ramírez, diputada del Partido Liberación Nacional.
“Don Nogui puede mandar ese proyecto las veces que quiera, pero tiene que entender que esta Asamblea Legislativa ha sido clara en que el BCR no está a la venta. Creer que, para abordar la situación fiscal, se deben vender las empresas públicas que te generan ingresos, pues… ¡no sé! ¿Te vas a deshacer de algo que te da ingresos para supuestamente pagar una deuda?, ¡es inviable!”, secundó Sofía Guillén, diputada del partido Frente Amplio.
OTROS TEMAS
Otro punto considerado por Hacienda para el inicio de 2024 es impulsar un proyecto de ley relacionado con renta global dual, que es el cobro del impuesto sobre las ganancias totales que reciben los trabajadores asalariados e independientes.
De acuerdo con Acosta, dicha iniciativa es urgente para el país y, además, podría generar mayores ingresos al fisco costarricense.
Punto a señalar, es que ya hubo una propuesta similar en la Asamblea Legislativa e, incluso, el Gobierno de Rodrigo Chaves aseguraba que era parte de una serie de compromisos con el Fondo Monetario Internacional.
No obstante, los actuales diputados enterraron la iniciativa.
Otra propuesta que impulsarían es una reforma constitucional para no tener que pasar por la Asamblea Legislativa para emitir eurobonos.
“Esperaríamos que las emisiones de 2024 sean de esa forma para hacer frente a los vencimientos porque no vemos posibilidades de que, en el próximo año, nos aprueben alguna reforma fiscal”, argumentó.
Adicionalmente, el jerarca de Hacienda indicó que pretenden arrancar el 2024 con una Ley para para facilitar el pago del Impuesto al Valor Agregado.
No obstante, existe una Ley desde 2020 que busca dicho fin y es el mismo Ministerio de Hacienda que ha sido incapaz de aplicar un reglamento, lo cual ha generado indefensión en distintos tipos de comercios.
Ante los cuestionamientos de DIARIO EXTRA sobre el tema, Acosta justificó el actuar de la cartera señalando que, la Ley aprobada en 2020, únicamente, aplicaba para comercios afectados por el COVID-19 y que estuvieran vinculados a los sectores de restaurantes y comercios. Otro punto indicado por el jerarca es que, durante la gestión Chaves se ha cancelado más de ¢564 mil millones a la Caja Costarricense de Seguro Social.