Para 2026 el Gobierno de la República incumpliría su meta de regla fiscal, la cual pone un tope al gasto de las instituciones públicas.
Así lo indica el informe “Análisis de la coyuntura fiscal” del Observatorio Económico y Social (OES) de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional (UNA).
La meta del Gobierno era cerrar 2024 con un nivel deuda/PIB inferior al 60%, no obstante, se ha flexibilizado el gasto, crecido el gasto por pago de intereses de la deuda pública, pago de remuneraciones y gasto de capital.
A lo anterior se debe sumar que la recaudación de impuestos se ha desacelerado. Así las cosas, con ese panorama para el próximo año no se alcanzará dicha meta.
En los términos más simples, arrancaremos 2025 con la faja apretada.
Ahora bien, la flexibilización de la regla fiscal en 2024 tendría inclusive un impacto en las finanzas y presupuesto de 2026, debido al crecimiento en el gasto público.
Claro está, esta proyección dependerá de la liquidación del Presupuesto de la República de 2025, así como del informe macroeconómico del Banco Central para determinar si en 2026 habrá que seguir aplicando la regla fiscal.
“Desgraciadamente pareciera que este no es el año donde la deuda logre bajar del 60%. Entonces, suponiendo que la deuda sí logra reducirse el año entrante por debajo de ese porcentaje, la flexibilidad de la regla fiscal llegaría hasta el 2027 (…)
No esperamos que durante 2024 la deuda baje del 60%. Entonces, si no baja este año, para 2026 no va a haber relajamiento de la regla fiscal”, manifestó Fernando Rodríguez, economista y coordinador del OES-UNA.
Otro factor que se debe considerar es el déficit fiscal (cuando el país gasta más de lo que recibe). En abril de 2024 fue del 1,10% y un año antes del 0,70%.
No obstante, la estimación del Observatorio Económico y Social señala que el déficit alcanzaría el 3,5% del PIB al cierre de 2024.
¿EN QUÉ ME AFECTA?
Las preguntas que surgen son: ¿Eso en qué me afecta? ¿Cómo golpeará mi bolsillo?
En la Universidad Nacional aseguraron que tendría un impacto en la inversión social.
“Estamos llegando a un punto donde el proceso de ajuste de la regla fiscal junto con el efecto generado por la pandemia está provocando efectos indeseados, que se extienden hacia algunos sectores y esto da como resultado un círculo vicioso.
Al afectarse la actividad económica se reduce la posibilidad de recaudar más impuestos, afecta las cifras fiscales y por ende la cantidad de recursos para invertir”, explicó Rodríguez.
Por su parte, Leiner Vargas, economista del Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible (Cinpe) de la UNA, advirtió que mantener el gasto de capital dentro de la regla fiscal es contraproducente para los intereses del país.
“Un Estado no puede sacrificar su crecimiento y el empleo por apretarse la faja en lo fiscal. Si bien es correcto que el gasto corriente debía ser corregido y que eso requería una medida fuerte, lo cierto es que poner en jaque la inversión nos está generando un efecto bumerán en cuanto a puentes, carreteras, puertos, así como en las condiciones de infraestructura en los sectores educación y salud”, declaró Vargas.
RECORTES SOCIALES
El contexto actual es complejo: el Gobierno está planteando una rebaja de hasta ¢19.000 millones para el Ministerio de Educación Pública (MEP).
A pesar de que constitucionalmente se debe destinar el 8% del PIB a la educación pública, solo está considerando el 5,25%.
A lo anterior se debe sumar una reducción de ¢43.787 millones a la Dirección General de Desarrollo Social y Asignaciones familiares (Desaf), lo cual ha afectado a 46 programas que atienden a personas en condición de pobreza y pobreza extrema.
En Avancemos se contempla un recorte de ¢7.761 millones, lo que implicó la afectación directa a 18.266 estudiantes.
Adicionalmente, no pasarle los recursos a Desaf ha afectado el Régimen No Contributivo de Pensiones por Monto Básico de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
A este programa, creado para garantizar un ingreso mínimo a los adultos mayores en condición de pobreza que no cuentan con otra fuente de sustento, se le dejarían de asignar más de ¢6.430 millones, que se destinarían a financiar nuevas pensiones para personas en condición de pobreza extrema o en su defecto incrementar el monto de las ya existentes.
Otro afectado es el Fondo de Subsidios para la Vivienda (Fusovi), a cargo del Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi), no obstante, se le han dejado de girar ¢11.227 millones.
¿QUÉ DICE EL MINISTRO?
En declaraciones a DIARIO EXTRA, el ministro hizo un llamado a los diputados para no flexibilizar la regla fiscal.
“La regla fiscal es un mecanismo que ayuda a controlar el crecimiento del gasto. Estamos conscientes de que la parte más gravosa de la regla (cuando está por encima del 60%) tiene implicaciones para la generación de gasto de capital y crecimiento de gasto corriente. La aspiración del Ministerio de Hacienda es bajar la relación lo más pronto posible y hemos planteado escenarios, la salida de mercados internacionales ha ayudado de forma importante, la venta de activos debe ser un mecanismo útil, pero el marco fiscal de mediano plazo señalaba que eso se alcanzaría en el 2025. Tenemos algunas situaciones, reducción de impuestos y exoneraciones que nos han afectado.
En este sentido, la responsabilidad fiscal no solamente es de Hacienda. Los diputados deberían coadyuvar en ese sentido, porque permite una mejor asignación de los recursos y libera el gasto de capital que nos permitiría crecer en infraestructura pública.
¿QUÉ ES LA REGLA FISCAL?
La regla fiscal es una herramienta utilizada por el Poder Ejecutivo que pretende limitar el crecimiento del gasto corriente que se financia con fondos del Presupuesto Nacional y que, por ende, forman parte de la Hacienda Pública.
Empezó a aplicarse en 2020 con la entrada en vigor de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.
En ese año se aseguró que buscaba “contener el aumento desmedido del gasto público”.
Cuando la deuda del Estado supera el 60% se contienen los gastos de las instituciones públicas y se congelan alzas en los salarios para funcionarios del Estado, así como pensiones e inversión social. Caso similar con infraestructura y compra de activos.