Fecha de publicación:
Fecha de modificación:
El Gobierno de la República gasta $70 millones anuales en alquileres para albergar distintas oficinas, despachos y sedes de Estado.
Así lo aseguró en el Plenario la diputada de Progreso Social Democrático (PPSD) Pilar Cisneros.
La oficialista apuntó que el Estado cancela anualmente ¢40.000 millones en alquileres, más ¢10.000 millones que son gastados por bancos estatales por el mismo rubro.
Lo peor es que, según la oficialista, muchos de los inmuebles alquilados no cumplen con condiciones óptimas para albergar servicios de Estado.
No obstante, se siguen pagando a precios millonarios.
“En el caso de los edificios Raventós y BCT hay una auditoría del Ministerio de Educación Pública (MEP) que reveló deficiencias en rampas de ingreso, en los ascensores, en los estacionamientos, en los servicios sanitarios, en puertas y en pasamanos. Y el alquiler del Raventós nos cuesta la módica suma de ¢1.000 millones anuales; es decir, más de un millón y medio de dólares. En el caso del edificio de BCT, un informe solicitado por el mismo MEP evidenció 57 faltas, 50 de ellas muy graves, y pagamos por este edificio ¢376 millones en alquileres”, añadió Cisneros.
MÁS CASOS
De acuerdo con la diputada, un solo local que alquilaba el Ministerio de Hacienda a Hogares de Costa Rica costaba ¢118 millones al mes, para albergar a 230 funcionarios.
“Es decir, óiganlo bien, más de medio millón de colones por mes por cada empleado”, reclamó.
Caso similar con el Tribunal Fiscal Administrativo y la Contabilidad Nacional, también del Ministerio de Hacienda, que se pasó de un edificio donde pagaban ¢5 millones a uno de ¢53 millones mensuales.
“Los alquileres de oficinas públicas han sido un gran negocio, un magnífico negocio para unos pocos y una verdadera afrenta para los costarricenses”, mencionó Cisneros.
“La pregunta es: ¿por qué dejamos de construir edificios propios? Gobierno tras gobierno se pone sobre la mesa el tema de los alquileres, pero por alguna extraña razón no avanzamos. Poderosos grupos económicos y políticos han dominado por años y años este lucrativo negocio y no tienen ningún interés en que se acabe la fiesta. Hay que admitirlo, han sido muy exitosos”, añadió.
La situación se agrava con un informe de la Contraloría General de la República (CGR) que señala que en el 65% los contratos se pagan aumentos mayores a la inflación.
“Hay contratos en dólares, aunque obviamente nuestra moneda oficial es el colón, algunos se renuevan automáticamente o son por tiempo ilimitado”, explicó la diputada.
¿Y CIUDAD GOBIERNO?
Otro de los reclamos realizados por Cisneros fue que el proyecto Ciudad Gobierno se encuentra varado.
“En el 2014 se propuso construir una ciudad-gobierno, esto para acomodar a 16 entidades gubernamentales; un complejo de 8 edificios cerca de Plaza González Víquez; 153 mil metros cuadrados, con amplias oficinas, parqueos y locales comerciales, suficiente para albergar a 9.000 jerarcas. Costaría 320 millones de dólares.
El expresidente Solís propuso una concesión por 30 años, al cabo de los cuales ya estas instalaciones y edificios pasarían a poder del Estado. Una muy buena idea, una propuesta realizable y un ahorro de casi $400 millones en 30 años para el país. Pero han pasado 8 largos años y no avanzamos. En los últimos 2 años quedó estancado en alguna gaveta gubernamental y, mientras tanto, seguimos gastando millones y millones en edificios carísimos y algunos con serios problemas”.
De acuerdo con la oficialista, con lo que el Estado gasta en alquileres, cada seis años se podría construir una ciudad-gobierno.
“Si hubiésemos empezado en el 2014, cuando se propuso, ya estaría totalmente construida y, óigame, pagada al cien por ciento”, concluyó.