El ministro de Planificación, Roberto Gallardo, confirmó que el gobierno exige a la empresa brasileña OAS la inclusión de una cláusula en el contrato de finiquito de la concesión de la vía SanJosé-San Ramón, en la que sea expresa su renuncia al cobro del lucro cesante. Según Gallardo sin esa cláusula no podría existir mutuo acuerdo.
“Ocupamos una renuncia expresa de la empresa a demandas futuras por el cobro de lucro cesante o por daños y perjuicios, la idea es que si llegamos a un mutuo acuerdo el país quede protegido”, sostuvo Gallardo.
La solicitud fue enviada como parte de la respuesta del gobierno a la carta de la brasileña en la que solicitan $45,9 millones para poner fin a la concesión. Según Gallardo también exigieron a la empresa los productos con los que se quedaría el país tras el cese, entre ellos los planos de la carretera.
La presidenta Laura Chinchilla salió en defensa de la figura del “acuerdo mutuo” por el que decidió apostar, y sentenció que “cualquier juicio lo único que va hacer es impedir que el Estado pueda entrar a arreglar esta carretera”.
Sobre la nulidad del contrato de concesión, el ministro de la Presidencia, Carlos Ricardo Benavides, dio garantía de que el Consejo Nacional de Concesiones analiza los posibles vicios, pero aseguró que “las personas que alienten la idea de que un contrato de esta envergadura puede ser anulado, rescindido, terminado sin pagar un cinco mienten o les falta seriedad total en sus planteamientos”.
Hoy el grupo fundador del Foro de Occidente presentará ante la Defensoría de los Habitantes, su propuesta para la construcción de una nueva carretera hacia San Ramón.