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Luego de que un grupo de 20 exfuncionarios del Poder Judicial interpusiera una serie de recursos de amparo por los rebajos que se están aplicando a los jubilados del régimen de dicho poder, el Gobierno de la República decidió enfrentarlos.
Lo hizo por medio de la presentación de coadyuvancias pasivas por cada uno de los recursos interpuestos. La idea es solicitarles a los magistrados que declaren sin lugar dichos recursos.
Eso sí, al tratarse de una coadyuvancia, la opinión expresada por parte del gobierno no es vinculante a la hora de que los magistrados tomen una decisión, ya que se traduce como un comentario.
El grupo de pensionados de lujo al que se enfrenta el gobierno está compuesto por nueve magistrados, tres exmiembros del Consejo Superior del Poder Judicial, dos exjefes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la viuda de un expresidente de la Corte.
Todos ellos interpusieron recursos de amparo contra el acuerdo del Consejo Superior por aplicar una contribución a los jubilados que reciben más de ¢4,1 millones por mes, tal y como está contemplado en la reforma a la Ley del Poder Judicial (número 9544) de abril de 2018.
Con la acción del gobierno, en Zapote reafirman el apoyo a la reforma de la ley mencionada, en aras de buscar soluciones al déficit fiscal.
“En una situación fiscal como la que enfrentamos, no es aceptable que se quiera defender pensiones con montos tan elevados. Todos debemos aportar a la solución. Las pensiones son para proteger y no para enriquecerse”, destacó Carlos Alvarado, presidente de la República.
Cabe recordar que en la administración anterior se aprobaron cuatro reformas a las pensiones de lujo.
Entre ellas, la creación de un fondo solidario, el límite al crecimiento a todas las pensiones con cargo al gobierno, la eliminación de la revalorización de un 30% anual a exdiputados jubilados y la ampliación de la cotización en regímenes especiales para quienes aún aportan.
Asimismo, se implementó la reforma a la ley orgánica del Poder Judicial, donde se establece en el artículo 225 que “ninguna jubilación podrá ser superior a diez veces el salario base del puesto más bajo pagado en el Poder Judicial, ni inferior a la tercera parte del salario base del puesto más bajo pagado en el Poder Judicial”.
Ese es el dato que ha generado la polémica.
NOTABLE EN PLEITO
Pese a la presentación de coadyuvancias pasivas contra los recursos de amparo por pensiones de lujo, Rodolfo Piza, ministro de la Presidencia, aseguró que no pueden tomar acciones contra ninguno de los exfuncionarios.
En ese sentido, señaló que mantendrán a Ana Virginia Calzada, expresidenta de la Sala Constitucional, en la Comisión de Administración Pública.
La exmagistrada, designada por el propio Gobierno, presentó uno de los recursos de amparo de la discordia por el rebajo a su pensión de unos ¢6,7 millones mensuales.
Consultada por DIARIO EXTRA, Calzada dijo que lo único que han hecho es defender sus derechos.
El caso de Calzada fue dado a conocer por El Periódico de Más Venta en Costa Rica el viernes anterior.