El gobierno se reunió con los empresarios para conocer sus sugerencias con respecto al proyecto de reforma a la Ley de Aduanas, pero desechó el 60% de ellas.
Así lo manifestó José Álvaro Jenkins, presidente de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep), durante la comparecencia en que se discute la iniciativa.
Se trata el texto sustitutivo del Expediente No.22.364, “Reforma a la Ley General de Aduanas”, que se analiza en la Comisión de Asuntos Económicos.
“Fuimos convocados para discutir el texto que se estaba presentando e hicimos una serie de observaciones y solo un 40% fueron incluidas en el texto que estamos viendo hoy. El resto no fueron incorporadas”, manifestó.
El representante de 49 cámaras empresariales dejó ver que en ningún momento se han opuesto a una reforma de ley, pero consideran que el texto presentado es parcial cuando en realidad requieren algo más integral.
Solicitan que se llegue a un consenso entre el sector público y el privado a través del Consejo Nacional de Facilitación del Comercio (Conafac).
Desde 2020 venían trabajando en un texto optativo, pero al parecer no tuvo cabida en la Dirección General de Aduanas, que tiene otra visión de lo que debe incorporar la reforma.
Se ofrece el conocimiento para redactar la reforma dentro de ese marco y así incluir los cambios propuestos. “Somos los más interesados en atacar la informalidad y el contrabando”, destacó.
Los empresarios consideran que sería coherente una unificación u homologación de las penalidades, por ejemplo en casos que pudieran tipificarse como contrabando para que se adapten a la realidad jurídica.
A su criterio solo la entrada en rigor de la última versión del Código Aduanero Uniforme Centroamericano (Cauca) hace necesario implementar una reforma lo antes posible, pues el país tiene 10 años de rezago en materia de legislación aduanera.
Otro tema que consideran urgente es la puesta en marcha de más escáneres y del sistema completo de inspección no intrusiva, que incluye otros elementos.
ALGUNAS OBJECIONES
Estas son algunas de las objeciones que plantearon los empresarios tras conocer el texto sustitutivo a la reforma a la Ley de Aduanas.
Consideran innecesario e improcedente incluir a la Policía de Control Fiscal en la Ley General de Aduanas porque, según dicen, este cuerpo se rige por la Ley General de Policía.
Además a su parecer es importante, para contar con mayor seguridad jurídica, que la información que obligatoriamente se debe proporcionar a los órganos fiscalizadores sea aquella que se encuentra vinculada a las operaciones objeto de la fiscalización y no la totalidad del administrado.
Lo anterior porque consideran indebido que en los casos de comprobación e investigación los importadores o exportadores deban poner a disposición de los funcionarios de fiscalización toda la información de trascendencia tributaria aduanera, incluyendo su contabilidad, libros contables, facturas y demás relacionada con las operaciones de importación o exportación, documentos físicos, los archivos electrónicos o similares que respalden o contengan esa información.
En cuanto al tema de estar al día con la Caja Costarricense de Seguro Social y el Ministerio de Hacienda la queja es que no hay comunicación entre ambos sitios informáticos y además no es la primera vez que emiten datos erróneos al momento que se hace la consulta.