Fecha de publicación:
Fecha de modificación:
Las autoridades del Gobierno de Costa Rica respondieron a un informe que señala un incumplimiento de los derechos laborales de los trabajadores migrantes que participan en la cosecha de café en Costa Rica.
El documento de la ONG Coffee Watch denuncia bajos ingresos, jornadas extensas, condiciones deficientes de alojamiento, dificultades para acceder a protecciones laborales y participación de menores en actividades vinculadas con la cosecha.
El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) y el Instituto del Café de Costa Rica (Icafe) rechazaron los señalamientos y cuestionaron la metodología utilizada por la organización.
“El documento adolece de un severo quiebre metodológico, sesgos ideológicos, uso sistemático de narrativas emocionales y un desconocimiento patente de la arquitectura legal e institucional que protege a la población trabajadora en nuestro país. Desde una perspectiva estrictamente técnica, el reporte de Coffee Watch carece de validez científica y rigor estadístico”, señalaron en un comunicado conjunto.
Las instituciones argumentaron que la investigación de campo fue interrumpida en diciembre de 2025 sin completar el marco muestral previsto y que las observaciones se concentraron en un número reducido de fincas de Coto Brus, pese a que el país cuenta con cerca de 25.000 productores.
“El café costarricense es un modelo de desarrollo social y económico que se ha construido con apego a la ley, transparencia y justicia. No es correcto descalificar el trabajo de casi 25 mil productores y de una institucionalidad que garantiza salarios por encima de los mínimos legales e inversiones reales en salud y cuido para las familias recolectoras”, afirmó Gustavo Jiménez Elizondo, director ejecutivo del Icafé.
Coffee Watch sostiene que aproximadamente el 70% del trabajo en la actividad cafetalera es realizado por trabajadores extranjeros, principalmente familias indígenas Ngäbe-Buglé provenientes de Panamá.
El informe señala que los recolectores laboran jornadas de 12 horas, seis días por semana. También documentó viviendas con hacinamiento, pisos de tierra, acceso limitado al agua y a la electricidad y espacios para cocinar con fuego abierto.
Las autoridades señalaron que existen mecanismos específicos para atender a esta población. Durante la cosecha 2024-2025, el Sistema de Trazabilidad Laboral Migratoria (Sitlam) permitió asegurar a 41 mil personas migrantes y sus dependientes, mientras que entre 2020 y 2025 se registraron más de 66 mil personas mediante ese sistema.
“Para el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, las condiciones laborales de las personas que trabajan en el sector cafetalero son de la mayor importancia, por eso destacamos el convenio entre el MTSS, la Caja Costarricense de Seguro Social y el Icafé para el aseguramiento de las personas cosechadoras de café”, indicó la ministra Mercedes Flores Badilla.
Otro de los puntos de discrepancia está en las remuneraciones. Coffee Watch calcula en $962 mensuales el ingreso necesario para alcanzar un salario digno rural y sostiene que la mayoría de los recolectores se encuentra por debajo de ese monto. El Icafe, por su parte, reportó que durante la cosecha 2025-2026, el pago promedio por cajuela fue de ¢1.521, frente a un mínimo legal de ¢1.184 establecido por el MTSS.
“No tenemos casos identificados de trabajo forzoso en el sector cafetalero; asimismo, la labor de la Inspección de Trabajo no se limita a la atención de denuncias, sino que también desarrolla acciones preventivas y de fiscalización mediante inspecciones de oficio y operativos previamente planificados”, agregó Flores. Las instituciones gubernamentales también rechazaron que el informe atribuya problemas médicos o muertes a las condiciones laborales sin presentar expedientes clínicos, certificados de defunción o dictámenes forenses.