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El Gobierno le adeuda a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) por concepto de cuotas obrero-patronales más de ¢700.000 millones (¢709,404.668.871,71) y además no paga el 0,66%, de incremento que suman más de ¢100.000 millones cuyos recursos se destinan al pago de pensiones inferiores a ¢130,000.
Por lo anterior, la Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (Undeca) presentó un recurso de amparo contra el presidente de la República, Luis Guillermo Solís, y el ministro de Hacienda, Helio Fallas, porque desatienden sus obligaciones constitucionales con el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).
Más del 40% de los jubilados del Régimen de IVM tienen pensiones mínimas, que están siendo subsidiadas por el fondo de pensiones, cuando lo que corresponde es que el Estado asuma esta obligación constitucional, la actual situación pone en riesgo la sostenibilidad financiera del régimen.
“Estamos ante una flagrante conducta ilegal del Poder Ejecutivo. El ministro de Hacienda está obligado a incluir las partidas en el presupuesto, y no pagar las cuotas es un delito. La negativa del gobierno pone en riesgo el régimen, y vulnera los derechos de las personas más necesitadas de nuestro país”, explicó Luis Chavarría, secretario general de Undeca.
La información sobre las deudas del Estado con la Caja corresponde al corte hasta el 31 de marzo pasado y tienen que ver con las cuotas del Estado como tal, cuota complementaria de trabajadores independientes, cuotas complementarias de convenios especiales, atención médica a centros penales, asegurados por el estado, leyes especiales y Código de la Niñez, entre otros.
COMPROMISO CON
SEGURIDAD SOCIAL
Ante la consulta de DIARIO EXTRA, el Ministerio de Hacienda emitió un comunicado en el que asegura los rubros que se incluyen en el Presupuesto Nacional 2018 y que se destinarán a la seguridad social y que incluyen ¢783.062,00 millones (2,18% del PIB), entre transferencias (¢690.557,07) y Ley de Protección al Trabajador (¢92.504,93), de los cuales el IVM recibirá un total de ¢281.762,31 millones.
Agrega la información oficial que “a finales de julio del año pasado, la Junta Directiva de la CCSS acordó reformar varios artículos al Reglamento del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte, para que el Estado, en su condición subsidiaria, solventara el financiamiento de las pensiones mínimas que otorgue dicho seguro, cuando la pensión sea menor al mínimo vigente; lo que obliga al Estado a desembolsar ¢56.000 millones adicionales, para llevar su contribución del 0,58% al 1,24% del aporte estatal al IVM. Para el Ministerio esta decisión redundaría en un aumento en el endeudamiento del Estado”, indica el comunicado del Ministerio de Hacienda.