El proyecto Ciudad Gobierno planteado por la administración Chaves Robles no va, al menos no va como lo planteó el Poder Ejecutivo en 2022, pues la Contraloría General de la República reafirmó que el modelo propuesto es ilegal.
Mediante la resolución R-DFOE-FIP-00001-2023, el ente contralor rechazó el recurso de revocatoria con apelación presentado por la ministra de Planificación, Laura Fernández, y su homólogo de Hacienda, Nogui Acosta, a la primera advertencia contralora sobre la ilegalidad de la fórmula presentada por el Gobierno.
La intención del Ejecutivo era construir el clúster de edificios gubernamentales en las cercanías de Plaza González Víquez por medio de financiamiento del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), a través de un trámite expedito sin concurso público, en el que la propiedad pasaría a manos de la entidad bancaria durante 30 años por medio de concesión.
En setiembre la Contraloría advirtió que “no es posible utilizar la figura de compra y arrendamiento de bienes inmuebles prevista en el artículo 67 de la Ley General de Contratación Pública para contratar de forma directa el objeto indicado por la administración”.
Ante esto, los ministros dijeron haber recibido la noticia “con preocupación”, ya que la advertencia de la Contraloría se presentó como “definitiva y concluyente”, a pesar de referirse a un caso concreto que se encuentra en fase de estructuración.
Fernández y Acosta consideran que lo expresado por la Contraloría corresponde a una orden de qué no hacer y de qué sí hacer, sin que se hayan seguido procedimientos usuales del propio órgano contralor en sus estudios de auditoría.
Los titulares de Planificación y Hacienda alegaron que la Contraloría antes de emitir conclusiones y órdenes específicas “aplica la sana práctica de discutir los criterios de auditoría para conocer la perspectiva de la administración fiscalizada”.
A lo que el ente contralor respondió: “En el caso que nos ocupa, la advertencia se emite con el único propósito de asegurar la protección de la Hacienda Pública y del Sistema de Control Interno mediante el cumplimiento adecuado del marco normativo aplicable a un proyecto de relevancia para el país, declarado de interés público por el Gobierno de la República”.
RESPUESTA DE LA CONTRALORÍA
El órgano contralor señaló dos puntos en los que reafirma la propuesta del Gobierno como ilegal, primero, que de la forma en que está planteado se contratarían servicios con terceros que requieren un procedimiento ordinario de contratación y no se puede hacer con la contratación directa que pretende el Poder Ejecutivo.
Asimismo, la Contraloría cuestionó el modelo de concesión “dado que el proyecto Ciudad Gobierno se desarrollaría en bienes propiedad del Estado, este actuaría tanto como arrendador como arrendatario de dicho bien, lo cual tampoco es jurídicamente viable bajo el supuesto establecido en el artículo 67 de la ley”.
La resolución señala que el contrato entre el Gobierno y el BCIE incluiría la transferencia de los bienes al Estado al finalizar el plazo del arrendamiento.
“En ese sentido, se estimó necesario recordar que cualquier adquisición de un bien inmueble a plazos, mediante pagos para cubrir el valor razonable del activo, se constituye en un arrendamiento financiero y, por tanto, constituirá deuda pública”, señaló.
La Contraloría recordó que para ello se debe contar con la aprobación de la Asamblea Legislativa.
“Si no se registra como deuda, esto afectaría la calidad de la información fiscal y la trazabilidad de las obligaciones contraídas por el Estado, generando falta de transparencia al no poder conocer realmente el nivel de compromisos financieros asumidos por el Estado con consecuencias nefastas para la credibilidad y sostenimiento del sistema”, se lee en la resolución.
OTROS OBSTÁCULOS
La respuesta de la Contraloría no es el único inconveniente que debe afrontar el proyecto Ciudad Gobierno, pues la iniciativa tiene contrarios entre empleados estatales y un sector de la ciudadanía.
En el caso de la Unión Sindical del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), objeta al alegar que el conglomerado de 16 ministerios en un espacio de tres cuadras generaría un “encierro gubernamental”, lo que podría “aumentar el hacinamiento en la ciudad capital”.
“Nos preocupa sobremanera la aglomeración edificable y de personas y servicios que se proyecta en un espacio físico reducido e imbuido en una zona carente de condiciones mínimas, tales como las comodidades globales para la comunidad estatal y social que la rodea”, asegura el sindicato.
De igual forma, una medida cautelar en el Tribunal Contencioso Administrativo del Segundo Circuito Judicial de San José retrasa la transferencia del terreno en el que se ubican los talleres del MOPT, el cual pertenece al Liceo de Costa Rica, al Ministerio de Vivienda para que lo utilice en Ciudad Gobierno.
Hasta que no se resuelva el caso en tribunales, el Gobierno no podrá avanzar en su plan de construir en ese terreno.