El pasado jueves 9 de abril el gobierno informó la puesta en marcha de los famosos bonos Proteger.
Se trata de una plataforma que busca dotar de un subsidio económico temporal a personas afectadas laboralmente debido a la emergencia sanitaria del Covid-19.
Las autoridades dijeron ese día que el monto del bono Proteger dependería de cada situación particular. Las personas despedidas, con contrato laboral suspendido, con jornada laboral reducida en un 50% o más, trabajadores independientes e informales, cuya solicitud haya sido aprobada, recibirán un bono de ¢125 mil por mes durante un trimestre. En tanto, para quienes sufrieron una disminución de su jornada laboral en un 50% o menos, el monto será de ¢62.500 por mes, por el mismo período.
Para el viernes 17 de abril se informó de los primeros pagos a un grupo aproximado de 33 mil personas que serán cubiertas con el presupuesto disponible.
Para ese momento el gobierno disponía de ¢16 mil millones que iban a permitir abarcar en total a unas 46.600 personas afectadas laboralmente por el coronavirus, ya fuera por despidos, suspensiones temporales de contrato o por reducción de jornada laboral, así como personas trabajadoras independientes que han visto disminuidos sus ingresos a raíz de la pandemia.
Además, dijeron que el gobierno pretende destinar ¢296 mil millones para dicho programa. Con ese monto se espera ayudar a otras 612 mil personas, así como a 68 mil hogares en pobreza, para un total aproximado de 680 mil beneficiarios.
Sin embargo, a este 27 de abril se desconocen los nombres y apellidos de esos 46.600 ciudadanos. De hecho, este medio solicitó la información, pero a la fecha el gobierno no la ha compartido.
La situación se agrava si se toma en cuenta que ya se aprobó el presupuesto extraordinario por la suma de ¢150 mil millones, los cuales al menos ¢130 mil millones serán trasladados al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social mientras que ¢17.500 millones al Instituto Mixto de Ayuda Social.
Es urgente que el gobierno sea claro y transparente en estos momentos. Lamentablemente es en periodos de crisis y emergencias cuando más corrupción se da, sino lo piensa -guardando las distintas- valdría recordar por un instante la trocha fronteriza.
La ruta nacional 1856 fue lanzada en la administración Chinchilla Miranda, a raíz del conflicto con Nicaragua por la conocida isla Calero.
La construcción de la trocha, de 120 kilómetros de longitud, inició en diciembre del 2010. El proyecto pretendía la puesta en marcha de una carretera que comunicara Los Chiles con San Carlos y Sarapiquí con Heredia en línea paralela con la frontera nicaragüense.
La idea era que los pobladores, así como la policía nacional, evitaran utilizar las aguas del río San Juan.
El plan se vio truncado a mediados del 2012, cuando la propia administración Chinchilla denunció graves actos de corrupción con los presupuestos destinados para la trocha.
Se estima que en total se giraron más de ¢21 mil millones, de los cuales al menos se sustrajeron ¢900 millones. Pese al polémico caso, el Juzgado Penal del II Circuito Judicial de San José libró a la expresidenta Chinchilla y al entonces ministro de Transportes, Francisco Jiménez.
La Fiscalía mantiene un expediente abierto en contra de 26 personas que se elevará a audiencia preliminar en la última semana de setiembre de este año.
Esperemos que no tengamos que revivir capítulos como ese. Debemos de demostrar ahora que aprendimos la lección, y la mejor manera es siendo transparentes en el manejo de los datos. No los escondan.