Gobierno condiciona inversión de ₡100 mil millones en Turrúcares

El Gobierno planteó condicionar una posible inversión de ₡100 mil millones en obra pública para el distrito de Turrúcares, en Alajuela, a cambio de que se retiren los procesos judiciales que mantiene la Municipalidad de Alajuela contra la construcción de un Parque de Tecnología Ambiental.

La propuesta fue presentada este miércoles durante un conversatorio liderado por el expresidente de la República y ministro de presidencia, Rodrigo Chaves Robles, en el que participaron vecinos y representantes municipales de la comunidad.

El condicionamiento de estos recursos implicaría que los regidores alajuelenses firmen un documento para retirar los procesos judiciales y permitir el desarrollo del proyecto, ubicado en el sector de Barrio Pita, en San Miguel de Turrúcares.

“La infraestructura incluiría cuido de niños, cuido de adultos mayores, carreteras, dos puentes, un Colegio Técnico Profesional moderno y un acceso de Ruta Nacional por los tajos de Cebadilla para que la basura no entre por aquí”, afirmó Chaves.

La propuesta del Ejecutivo también contempla que los vehículos pesados que transporten los residuos hasta el futuro parque no transiten por el centro de Turrúcares.

El movimiento se realizaría por calles aledañas a la Ruta 27, específicamente por Cebadilla, con destino final a los tajos de Bajo Pita.

Antecedentes

La posición del Gobierno surge a raíz de un proceso de arbitraje internacional que inició la empresa EBI en febrero de 2025 ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).

La disputa se relaciona con los presuntos obstáculos que, según la compañía, ha enfrentado para desarrollar un relleno sanitario en esta zona de la provincia.

EBI sostiene que adquirió los terrenos para desarrollar el proyecto desde 2012, pero que no ha podido concretarlo debido a actuaciones administrativas y municipales que considera perjudiciales para sus derechos como inversionista.

En julio de 2025, el Gobierno anunció que asumiría la defensa del Estado en este caso.

Según la estimación de Chaves, el país tendría que pagar al menos $154 millones si el proceso continúa y el resultado es desfavorable para Costa Rica.

Oposición de vecinos

Los vecinos de este distrito alajuelense han manifestado su rechazo a la construcción del recinto, pues consideran que el transporte de residuos generaría inconvenientes en su vida cotidiana.

Durante el conversatorio, estas personas estuvieron respaldadas por la regidora del Partido Despertar Alajuelense, Ana Patricia Guillén, quien fue enfática en rechazar la propuesta del Gobierno.

“No queremos más basura en nuestro distrito, nosotros no somos los culpables de decisiones tomadas años atrás”, declaró Guillén a Grupo Extra.

Incluso, durante el encuentro, realizado el miércoles 4 de noviembre en el Liceo de Turrúcares, la regidora tuvo un encontronazo con el presidente Chaves mientras este realizaba su presentación, debido a la presencia de una cimarrona que acompañó a Guillén al lugar.

Crisis de rellenos sanitarios

El ministro de Salud, Alexander Sánchez, aseguró que Costa Rica atraviesa una crisis en materia de disposición de residuos, debido a que dos de los siete rellenos sanitarios que existen en el país están próximos a cumplir su vida útil.

“Los rellenos de Aserrí y La Uruca terminarán este año su vida útil, ocupamos lugares donde se puedan depositar los desechos de una manera correcta”, explicó el jerarca.

Según lo expuesto por Chaves, la propuesta del Gobierno podría mantenerse vigente durante aproximadamente 15 días. Posteriormente, corresponderá a los regidores alajuelenses decidir si aceptan las condiciones planteadas por el Ejecutivo.