
Con una propuesta del 0% y un monto base de ¢593 mil millones para 2027, el Gobierno dio por cerradas las negociaciones del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES). Esta decisión se tomó tras la tercera sesión de diálogo, en la que las universidades públicas presentaron una propuesta que fue calificada como “irracional” y “abusiva” por parte del Ejecutivo y por supuesto, no acogida.
Un aumento del 2,94%, equivalente a ¢17.000 millones, así como el reconocimiento del FEES pendiente de 2025 por ¢11.500 millones, fueron parte de las solicitudes planteadas por el Consejo Nacional de Rectores (Conare), las cuales fueron justificadas como necesarias para el fortalecimiento de la educación superior.
Estos puntos fueron rechazados por el Gobierno, lo que derivó en el cierre de las negociaciones. Ahora, la decisión recaerá en la próxima Asamblea Legislativa, que contará con una mayoría oficialista de 31 diputados alineados a lo señalado por el Poder Ejecutivo.
“Ante esta situación, por parte del Gobierno hemos dado por cerrada la negociación y este tema deberá discutirse en la Asamblea Legislativa. Mantenemos el 0% de crecimiento con la justificación que brindamos hace unas semanas, relacionada con el comportamiento de la inflación, que ha sido negativa o nula”, justificó el ministro de Educación, Leonardo Sánchez.
Asimismo, el presidente de la República, Rodrigo Chaves quien también participó en la sesión condicionó un eventual aumento del fondo a una redistribución interna. Señaló que universidades como la Universidad de Costa Rica (UCR) y la Universidad Nacional (UNA), que actualmente reciben los mayores porcentajes, deberían reducir su asignación para trasladar más recursos a las demás universidades estatales. No obstante, la sesión se levantó por lo que la “propuesta” quedó sin efecto.
Al confirmarse que el futuro de la educación superior pública dependerá de la decisión que se tome en Cuesta de Moras, donde el nuevo Congreso estará dominado por una amplia mayoría oficialista, sería la segunda vez en la historia de este fondo que la resolución recaiga en la Asamblea Legislativa, tras el fracaso de las negociaciones en la Comisión de Enlace por discrepancias presupuestarias.
Ahora bien, a partir del 1 de mayo, este tema pasará a la Comisión de Asuntos Hacendarios, al igual que ocurrió en 2024. En ese sentido, y en caso de que se acoja la propuesta del Gobierno, el FEES de 2027 sería de un 0% de aumento, lo que equivale a un total de ¢593.484 millones para que las universidades cubran sus gastos corrientes ese año.
No obstante, la Constitución Política establece que el monto del FEES no puede ser inferior al del año anterior, por lo que, desde el punto de vista constitucional, debería contemplarse al menos un incremento que garantice esa condición.
Finalizada la sesión, los rectores no fueron invitados a la conferencia de prensa en la que el Ejecutivo brindó sus declaraciones. No obstante, posteriormente ofrecieron su posición, desde el Consejo, donde lamentaron la falta de voluntad que, según indicaron, prevaleció durante el proceso de negociación.
“Seguiremos trabajando, estableciendo puentes de diálogo, luchando por la educación superior pública y asumiendo las responsabilidades que constitucionalmente nos competen”, afirmó Jorge Herrera, presidente del Conare y rector de la UNA.
Asimismo, al referirse a lo planteado por Chaves, indicó que un cambio de esa magnitud implicaría el cierre de sedes y carreras.
“Es una propuesta irresponsable. Nosotros estamos de acuerdo con una redistribución y desde el Conare lo hemos trabajado de manera responsable, pero no es de recibo que se hagan planteamientos con base en distribuciones totalmente desproporcionadas, que lo que buscan es dividirnos”, señaló.
Además, afirmaron que las negociaciones del FEES aún no están cerradas, ya que se respaldan en un documento firmado por la Comisión de Enlace. En la cláusula II se establece que en julio de este año las partes deben reunirse nuevamente para analizar el comportamiento de la inflación.
“Nos mantenemos en la mesa en tanto existe un acuerdo firmado por las rectorías y los mismos ministros que decidieron levantarse unilateralmente. Hicimos énfasis en que la sesión no puede darse por concluida, ya que estaríamos violentando lo establecido en el artículo 2. No es optimismo, es un acuerdo”, concluyó.