Rodrigo Chaves, presidente de la República, cuestionó los votos de los representantes del sector privado en la junta directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) con relación a la construcción del nuevo Hospital Max Peralta de Cartago.
Las molestias del mandatario radicaron en que los directivos no se opusieron a la eventual adjudicación de la obra a la segunda empresa calificada que ofrece un precio mayor y, sin embargo, la institución ya aseguró tener los recursos necesarios para cubrir el costo. También que los representantes del sector patronal de la Unión Costarricense de Cámaras (Uccaep) ante el órgano colegiado de la Caja acordaron que las decisiones que se tomen de ahora en adelante sean por medio de un comité técnico y no un tema político que asuma la junta.
Pulso con las cámaras
Según la protesta del jerarca y la presidenta ejecutiva de la institución, Mónica Taylor, la compañía que se escogería por quedar en segundo lugar ha edificado la mayor parte de los centros médicos de la CCSS y casi siempre lo ha hecho quedando en esa posición del ranking de puntuación.
No obstante, la Cámara Costarricense de la Construcción aseveró que la mayoría de los proyectos se han repartido entre diversas empresas y que siempre se ha seguido de manera estricta la ley.
“Los últimos 30 grandes proyectos de la Caja han sido licitados y adjudicados a ocho diferentes constructoras. De estas, ninguna ha obtenido la adjudicación de más del 30% de las obras”, dijo Randall Murillo, director ejecutivo de la organización.
Por su parte, la Uccaep afirmó que se enfoca en que la junta directiva tome determinaciones de carácter estratégico y no administrativo ni operativo, al tiempo que justifican que la decisión tenga un sustento técnico-científico.
“La protección del sistema de Seguridad Social, consagrado en nuestra Constitución Política, es una obligación a la que estamos llamados todos los costarricenses y el sector empleador del país”, externó el ente.
Chaves incluso mencionó que presentará un proyecto de ley para que la Uccaep ya no tenga representación en ninguna junta ni consejo del Gobierno.
