Gobierno busca profesionalizar la policía con el regreso de los rangos

El Poder Ejecutivo presentó oficialmente el proyecto de ley de Rangos Policiales, la sexta iniciativa de un paquete de reformas de seguridad que pretende transformar la estructura jerárquica de los cuerpos policiales de Costa Rica. 

La propuesta busca sustituir la nomenclatura actual por una de carácter histórico y estandarizada internacionalmente para fortalecer la disciplina, la cadena de mando y la autoridad institucional.

Meritocracia contra favoritismos

Uno de los pilares del proyecto, según explicó la presidenta Laura Fernández es establecer reglas claras para los ascensos y requisitos estrictos para los altos mandos, con el fin de profesionalizar la fuerza y evitar la infiltración del crimen organizado.

La propuesta establece que los directores de cuerpos policiales deberán ostentar, como mínimo, el grado de Teniente Coronel, poseer un título universitario en una carrera afín y contar con al menos 15 años de experiencia. Asimismo, el acceso al grado de subteniente se realizará mediante concurso público de oposición.

Al respecto, Fernández fue enfática en la necesidad de limpiar las estructuras internas:

“Ya eso de nombramientos a dedo en los cuerpos policiales no podemos permitirlo, costarricenses. ¿Por qué? Porque se ha filtrado la corrupción y el narcotráfico… por eso no podemos permitir que tengamos vacíos legales que permitan ascensos a dedo en altos rangos”.

Identidad y estándares globales 

El proyecto reintroduce rangos como Coronel, Mayor, Capitán, Sargento, Cabo y Raso. Para el Gobierno, la nomenclatura actual (como “comisionado” o “intendente”) carece de sustento técnico y dificulta la coordinación con agencias como el FBI o la DEA.

Walter Navarro, exdirector de la Fuerza Pública, explicó a este medio que daba  su respaldo a la medida, señalando que devuelve la motivación y la identidad al oficial de carrera. 

“Esto viene a restablecer la nomenclatura histórica que tuvieron los cuerpos de policía… es como si alguien que estudia o que quiere ser doctor y el día de mañana le quitan la palabra doctor y toda la vida aspiró ser doctor”, comparó Navarro.

Además, añadió que la estandarización es clave para la cooperación internacional: “En la mayor parte de las policías del mundo pues utilizan estos mismos grados… un detalle como ese incide en que la persona que está coordinando algo tenga un mayor nivel de jerarquía porque la entienden… se pueda ver una muchísimo mejor coordinación”.

Cuestionamientos sobre el impacto real 

Pese a los argumentos oficiales, el cambio de nombres genera dudas entre especialistas. Tania Molina, experta en seguridad, señaló que la iniciativa es meramente cosmética y no atiende la urgencia de la crisis de criminalidad actual.

“El proyecto para sustituir la nomenclatura de los rangos de la policía es básicamente eso. No es un proyecto de ley que vaya a generar ningún impacto en materia de seguridad ciudadana. Es básicamente cambiar nomenclatura”, sentenció Molina. 

La experta sugirió que el enfoque legislativo debería ser otro: “En tiempos donde estamos atravesando la cuarta y quinta ola del crimen organizado, se debería estar trabajando en presentar proyectos más bien enfocados en los capitales emergentes, en la inteligencia y en desarticular organizaciones donde su razón de ser sí o sí es el lucro”.

El proyecto será ahora discutido en la Asamblea Legislativa, donde se definirá si este retorno a la tradición jerárquica es el camino adecuado para modernizar la seguridad pública del país.