Para el Gobierno de la República es más importante ingresar al CAF-Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, antiguamente conocido como Corporación Andina de Fomento (de ahí el acrónimo), que invertir más recursos en seguridad.
Así lo indicó Nogui Acosta, ministro de Hacienda, quien asegura que ser miembro pleno de esa entidad financiera generaría más réditos para el país que el combate al crimen organizado.
Por ello prefiere que el Estado invierta ¢38.000 millones en 2024 para el pago de la membresía al banco, antes que redirigirlos al gasto de los diferentes cuerpos policiales, tal como proponen los diputados de la Asamblea Legislativa.
“Hay que entender que esto es una inversión, esto nos va a dar la oportunidad de tener acceso a recursos, una nueva fuente de financiamiento”, dijo Acosta.
El ministro defendió que el desarrollo de Costa Rica se ha hecho a través de créditos y que en estos momentos el Poder Ejecutivo no tiene la capacidad de incorporar en el presupuesto de la República los recursos necesarios para construir, por ejemplo, la infraestructura de la red vial nacional.
De acuerdo con Acosta, el país necesita una fuente de financiamiento de un organismo multilateral como el CAF, que permitiría al Estado tener acceso a una cartera importante de recursos.
“No (es) para este año, no vamos a pedir más crédito este año, ni el siguiente, va a ser para los diferentes gobiernos. Este es un tema país, no es un tema que podamos ver únicamente en el presupuesto del 2024”, señaló.
El titular de Hacienda defendió además que pagar la adhesión al CAF no afecta la regla fiscal, como sí lo haría, según dijo, entregar dichos recursos al Ministerio de Seguridad Pública.
“¿Por qué la gente toma una tarjeta de crédito cuando lo hace de manera responsable?
Para tener capacidad de liquidez en el momento en el cual lo requiera.
Eso es lo que estamos haciendo, dándonos la oportunidad de tener una nueva opción de financiamiento en la eventualidad de que queramos acometer algún proyecto de inversión”, explicó.
El ministro recordó que el CAF prestó al país $500 millones en 2018 como crédito de apoyo presupuestario.
SIN EUROBONOS
La membresía al CAF representa una inversión para el país de $300 millones (¢162.900 millones, pagaderos en depósitos de $70 millones al año – los ¢38.000 millones en cuestión).
Por esta razón el Partido Liberal Progresista presentó la iniciativa para utilizar esos recursos en ampliar el presupuesto del combate al crimen.
Para el líder de esa bancada, Eliécer Feinzaig, no tiene sentido gestionar nuevas formas de financiamiento cuando la deuda del Estado supera el 60% del Producto Interno Bruto (PIB).
Sin embargo, si la propuesta se aprueba, eso complicaría al fisco alcanzar el objetivo respecto al superávit primario para el próximo año, el cual debe ser del 1,88% del PIB; es decir, más de ¢934.000 millones.
“La misma fracción que nos obligó a nosotros a tener superávit primario está dando al traste con la posibilidad de tenerlo en el presupuesto del 2024”, declaró el ministro.
De acuerdo con Acosta, eso complicaría también que el país pueda buscar financiamiento por $1.000 millones (¢543.000 millones) a través de eurobonos, ya que el superávit es una de las condiciones puestas por los diputados al Gobierno.
EXONERACIONES
Según el ministro Acosta, no es que el Gobierno no esté preocupado por la seguridad ciudadana, sino que simplemente no tiene recursos en este momento.
“Estamos preocupados por la seguridad. Le dimos ¢22.000 millones al Ministerio de Seguridad Pública y eso es lo que tenemos que empezar a ver; o sea, no es que el Gobierno no esté preocupado por la seguridad, es que ubicamos las prioridades del presupuesto del gobierno”, sentenció.
Acosta se cuestionó qué haría el Ejecutivo en caso de que los diputados aprueben gastos corrientes sin presupuesto para el siguiente año, ya que al no contar con los eurobonos se obliga a reducir los gastos.
“Los diputados generan un día sí y otro también exoneraciones”, subrayó.
Acosta dijo que la reducción del impuesto a la propiedad de vehículos le restará ¢51.000 millones al presupuesto nacional, aparte de la exoneración del pago del impuesto al valor agregado del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), lo que reducirá los recursos estatales en ¢2.400 millones.
El ministro criticó también que la salida de Costa Rica de la lista negra de la Unión Europea costó al erario ¢10.000 millones.
“Seamos serios, es que estamos diciendo que quieren más recursos para la seguridad, pero cada día recortamos más recursos para el Ministerio de Hacienda, quiero decir, para el presupuesto de la República”, expresó.