Gobierno ahorra millones por trabajo de reos en carretera

Plan Cero Ocio generó ganancias de hasta ¢400 millones al MOPT

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Con tan solo cuatro meses de haber iniciado la implementación del plan Cero Ocio, que permite el trabajo a personas privadas de libertad, el Gobierno de Laura Fernández se ha ahorrado alrededor de ¢400 millones en mantenimiento vial que ahora realizan los reos en carretera.

Según explicó el jerarca del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), Efraím Zeledón, la coordinación con el Ministerio de Justicia ha permitido disminuir los fondos destinados a labores de limpieza de carreteras y demás trabajos.

“Es una iniciativa muy positiva. El Ministerio mantiene los contratos de mantenimiento vial, de limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas y chapea; sin embargo, el apoyo del Ministerio de Justicia a través del programa Cero Ocio ha sido muy beneficioso”, detalló Zeledón.

Para el mantenimiento vial, el MOPT presupuestó un total de ¢49.470 millones para el próximo año, monto que sería apoyado por los ahorros que genera la utilización de reos en dichas labores.

“En este momento puede rondar entre los ¢300 y ¢400 millones que el Estado se está ahorrando, pero al mismo tiempo estás poniendo a trabajar a los privados de libertad”, agregó Zeledón.

Entre las carreteras que se han visto beneficiadas por el trabajo de los privados de libertad se encuentran la Florencio del Castillo, la Angostura en Puntarenas y diversos sectores de Circunvalación.

Ampliar trabajo a otras rutas

Ante los resultados obtenidos tras el inicio del convenio entre los diversos ministerios, el cual arrancó en junio de este año, Zeledón confirmó que se mantienen negociaciones con Gabriel Aguilar, jerarca de Justicia, para llevar el trabajo de las personas privadas de libertad a otras rutas del país.

“Constantemente estamos ampliando el alcance; recientemente estuvimos hablando con el encargado del Ministerio de Justicia y él nos mencionaba que también podríamos implementarlo en Limón, y estamos buscando cómo ampliar el alcance a todo el país”, detalló el ministro.

En cuanto a las cárceles femeninas, varias reclusas también han podido ser parte de Cero Ocio junto con la cartera de infraestructura, pero enfocadas en colaborar con el vivero del MOPT, donde se siembran los árboles utilizados para el embellecimiento de las rutas nacionales.

“Estamos implementando otros proyectos como la demolición de rótulos en derecho de vía, que es, como lo ha mencionado el ministro de Justicia, una forma de poner a trabajar a los privados de libertad y ahorrarle recursos al Estado”, expresó Zeledón.

Proyecto dejaría ganancias a reos

Sumado a la implementación del trabajo de los privados de libertad en rutas nacionales, desde el Poder Ejecutivo se busca ampliar este tipo de alianzas para que incluso los reos y sus familias se vean beneficiados por las labores de trabajo.

Según detalla el expediente 25.617, presentado en junio de este año por la administración de Laura Fernández, el proyecto de Ley de Cero Ocio en las Cárceles tiene como meta que los centros penitenciarios se vuelvan “autosuficientes” al generar los ingresos necesarios para la manutención de la población penitenciaria.

“Se propone un modelo de autosuficiencia penitenciaria, en el que las actividades productivas penitenciarias de los privados de libertad permitan financiar el sistema en la medida en que las actividades ocupacionales desarrolladas por las personas privadas de libertad así lo hagan posible, modernizar la tecnología de vigilancia y mejorar la infraestructura sin depender de la lenta burocracia estatal”, justifica el texto.

Además de esta “autonomía financiera”, la cual buscaría “evitar retrasos y fortalecer la capacidad de respuesta inmediata”, la población penitenciaria podría obtener un 10% del dinero generado a modo de ahorro utilizable una vez que cumplan su respectiva condena.

A esto se suma que un 35% de los ingresos serían destinados a la reparación de las víctimas, así como un 20% para el apoyo familiar de la propia persona privada de libertad.

Actualmente el texto se mantiene en la Comisión de Narcotráfico y Seguridad de la Asamblea Legislativa, esto sin recibir dictamen por parte de los diputados.