La legitimidad democrática del gobierno no puede ser entendida solamente bajo los parámetros de apoyos electorales o de las mayorías legislativas, hoy más que nunca se requiere poner el énfasis a la necesidad de los rendimientos institucionales, es decir, si las actuaciones llevadas a cabo desde las políticas públicas logran generar los resultados que Costa Rica requiere.
La principal paradoja en la alta gestión pública lo constituye que una buena salud económica coincide en muchas ocasiones con una muy mala salud política; en otras palabras, no siempre una bonanza en el crecimiento de las finanzas del Estado lleva de forma implícita un crecimiento sostenido en la generación de oportunidades integrales para los sectores más vulnerables.
Sin embargo, también es difícil generar una fuerte inversión social y promoción del desarrollo cuando la economía del país pasa de una época de bonanza como el crecimiento del 8,8% del PIB del 2006 al -1,0% del PIB en el 2009 -según datos del Banco Central-.
Estas cifras exigieron al gobierno de la presidenta Laura Chinchilla una fuerte disciplina fiscal, como también clarificar de forma estratégica las prioridades que requieren ser atendidas, bajo una coyuntura internacional compleja y volátil.
Uno de los principales efectos del decrecimiento económico es la polarización social, pues en un proceso de recuperación de crisis son precisamente los sectores económicos superiores los que tienen la posibilidad de reaccionar y recuperar sus capacidades adquisitivas.
Esta situación obliga a una fuerte y sistemática intervención del gobierno en la generación de oportunidades sociales integrales hacia los sectores más desfavorecidos; contribuyendo a evitar el crecimiento de las diferencias entre la población más rica y la más pobre.
Uno de los principales esfuerzos que se le debe reconocer al actual gobierno han sido las medidas que contribuyeron a priorizar la inversión social como vía de recuperación del país. Durante el cuatrienio 2010-2014 la inversión social como porcentaje del PIB se mantuvo con un crecimiento sostenido, en rubros fundamentales como educación, salud, vivienda y programas de asistencia social.
Además se puso en cintura al sector público y sus finanzas, y gracias a estos esfuerzos se logró pasar de una inflación acumulada, de un 9,43% registrado en el 2006 a un 3,68% en el 2013, contribuyendo así a mejorar la situación económica de muchas familias costarricenses.
En síntesis, aun cuando el Estado estaba con menos dinero en sus bolsillos, se siguió invirtiendo en programas sociales y se le dieron inclusive más recursos; para lograr esto, el gobierno se puso en cintura en otras áreas, como impedir el crecimiento de la planilla del sector público y eliminar el aumento de los salarios de los altos jerarcas, entre otras medidas.
Hoy más que nunca se requiere una Costa Rica con vocación a la política social, capaz de fortalecer los canales de coordinación interinstitucional y en particular las relaciones entre el Gobierno central y los gobiernos locales, a efectos de reducir las brechas de desarrollo entre lo urbano y lo rural.
El desafío es y seguirá siendo consensuar entre las fuerzas políticas que nos representan, los acuerdos necesarios de contención para un adecuado mantenimiento de nuestro Estado de Bienestar, en al menos cuatro áreas vitales: (a) políticas económicas monetarias, (b) políticas redistributivas, (c) políticas laborales y (d) políticas sociales.
Caso contrario, nuestras polarizaciones seguirán creciendo y la capacidad de gestión del próximo gobierno se verá enfrentada ante una constante crisis presupuestaria de las finanzas públicas, como también una crisis de legitimidad social.
Hoy más que nunca se requiere aprender a consensuar y construir de forma conjunta, sumar y generar alianzas entre todos los sectores dinámicos de la sociedad costarricense para establecer un rumbo conjunto que nos permita alcanzar la Costa Rica que merecemos y deseamos.
*Doctor en Gobierno y
Políticas Públicas