Si algo no se hace pronto, los funcionarios administrativos de la Municipalidad de Alajuela deberán buscar dónde trabajar en los próximos días, pues en estos momentos corre una orden de desahucio en contra de dicho gobierno local.
Así lo confirma la resolución número N° 2023000953 del Juzgado Civil del I Circuito Judicial de Alajuela, de la cual DIARIO EXTRA tiene copia, emitida la tarde del martes 10 de octubre. En apariencia, la Municipalidad no ha pagado el alquiler del edificio en que se hospedan sus oficinas principales en los meses de agosto y setiembre.
Por tal motivo, el juzgado envió notificación al alcalde Humberto Soto Herrera, como representante legal del municipio, de “desalojar el bien inmueble arrendado dentro del plazo de cinco días”.
Según la resolución, dicho plazo entra a regir a partir del día hábil siguiente a la notificación. De igual forma, dentro de ese mismo periodo el gobierno local puede aponerse.
Asimismo, el juzgado recordó a las partes la posibilidad de conciliar en cualquier etapa del proceso, según dispone la Ley N°7727, Ley sobre Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz Social.
DIARIO EXTRA contactó a la empresa Lauguiale S.A., dueña del edificio por el que cobra $40.800 al mes, es decir, más de ¢22 millones al tipo de cambio actual, y confirmó el proceso de desahucio en contra de la Municipalidad.
De igual forma, un equipo del Periódico de Más Venta en Costa Rica buscó la posición del municipio alajuelense, sin embargo, se limitaron a indicar desde la oficina de prensa que de momento no han sido notificados.
“Según la información de nuestro departamento de servicios jurídicos no hemos sido oficialmente notificados en tanto no contemos con esa notificación oficial no vamos a referirnos”, externaron.
BUSCAN MUDARSE
Desde hace años la Municipalidad eriza busca comprar una nueva edificación donde trasladar los cerca de 600 funcionarios que ahí laboran e incluso este fue uno de los principales puntos tratados durante las elecciones municipales pasadas.
Tal como lo informó el Periódico del Pueblo, el antiguo edificio municipal fue declarado inhabitable tras el terremoto de Cinchona en 2009, por lo que se trasladó ese mismo año a la edificación que actualmente acoge cerca de 300 funcionarios administrativos de la institución, mientras que otros 300 están desperdigados por diferentes edificios.
De hecho, en abril anterior este medio informó que la Alcaldía perdió la posibilidad de hacerse con un edificio propiedad del Banco Nacional y en donde antes se ubicaba la Universidad de Santa Lucía.
Tras la gestión de compra infructuosa, la comisión a cargo en el Concejo solicitó a la Administración realizar nuevos estudios de mercado, de acuerdo con el ingeniero Roy Delgado.Para efectuar tal gestión, el gobierno local contrató a una empresa privada con el fin de que hiciera un nuevo estudio de prefactibilidad técnico para la compra de un nuevo inmueble, lo que representó una inversión para el municipio por ¢23 millones.