El diputado y precandidato del Partido Liberación Nacional (PLN) Gilberth Jiménez presentará un recurso de amparo electoral ante el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) como último chance para no quedar fuera de la convención verdiblanca.
Esta es la opción final que le queda al legislador, luego de que este martes se conociera el castigo que le impuso el Tribunal de Ética y Disciplina de la agrupación, ratificado posteriormente por el Tribunal de Alzada, de una suspensión de tres meses de su militancia.
La sanción se produjo después de que Jiménez mintiera al medio Trivisión al decir que había ido a brindar asistencia a las poblaciones afectadas por las lluvias en Guanacaste durante noviembre de 2024.
Cuando dicho medio le pidió una prueba, el verdiblanco envió una foto tomada del año 2021 que había subido a sus redes sociales.
El diputado posteriormente reconoció su error y mediante un video ofreció disculpas públicas.
En un oficio firmado por la presidenta del Tribunal de Ética, Cecilia Bolaños, dirigido al secretario general liberacionista, Miguel Guillén, se explicó que la sensación se impuso desde el 15 de enero, luego de que se le convocara a una audiencia virtual a la que no asistió ni dio justificación alguna por su ausencia, la cual se llevaría a cabo el 14 de enero.
Según el artículo 132 del estatuto del PLN, se puede sancionar a un militante del partido desde un mes hasta ocho años máximo, cuando “no comparezca ante ese Tribunal y haya sido previa y debidamente citado”.
El castigo quedó entonces ratificado por el Tribunal de Alzada y se aplicaría del 25 de febrero al 25 de mayo de 2025. Si se mantiene impediría a Jiménez participar en la convención programada para el próximo 6 de abril.
Persecución
Tras la notificación de lo ocurrido, Jiménez lamentó la decisión y la calificó como una persecución de las cúpulas del PLN hacia su candidatura.
“No aceptan que el pueblo ya les dijo basta y no quieren más de ellos.
Hay una realidad: se sienten amenazados por mí, que he trabajado por la gente”, afirmó.
Además, alega que la convocatoria a la audiencia se hizo un 24 de diciembre, incluso cuando el Balcón Verde (sede liberacionista) estaba cerrado y nunca fue debidamente notificado.
