Encontrarse la mañana del jueves con la abuela de la novia de Keylor Gamboa y recibir el sermón en que le achacaban la culpa por la muerte del muchacho hizo estallar al ministro de Justicia y Paz Gerald Campos, de modo que convocó a conferencia de prensa para esclarecer lo ocurrido alrededor del caso del joven.
Según Campos, luego de ir por un café y darle el pésame a la abuela de la novia de Keylor, ya vieja conocida suya, el ministro de Justicia llamó a su homólogo Jorge Torres, de Seguridad Pública, para sostener una conversación que le permitiera entender qué pasó en el caso donde le quitaron la vida a Keylor Gamboa.
31 PASADAS
Campos advirtió que conversando con Torres se dan cuenta de que el sujeto de apellidos Zepeda Rubí, antes de arrebatarle la vida a Gamboa, había sido pasado en 31 ocasiones y era el responsable de 18 causas penales, siendo la última el 9 de diciembre luego de cometer un robo, pero aún y con todos los datos a disposición nunca la Fiscalía lo llamó para solicitar el estado dentro del sistema penitenciario de Zepeda, con el fin de conocer que gozaba de un beneficio semiinstitucional.
“Yo me puse en los zapatos de esta señora, que hablé con ella en la mañana y porque pasé a su lugar de trabajo a tomarme un café y a desearle feliz Navidad, porque es una amiga vieja, de hace tiempo, y cuando me sale llorando y me reclama, me da a entender prácticamente que fuimos nosotros, y qué le respondía yo.
Yo ya lo viví, eso es lo que yo no quiero, entonces dejémonos de un asunto político, trabajemos unidamente, aquí tengo una base de datos, afuera hay una base de datos, si no nos compartimos la información y trabajamos y cada quien cumpla”, externó el ministro.
PODER JUDICIAL NO REVISA
Las manifestaciones del Ministro de Justicia no dejan títere con cabeza, al punto que al preguntarle quién debía asumir la responsabilidad la delegó en el Poder Judicial, pues ellos imponen la pena de prisión y mediante el recurso de inconstitucionalidad presentado por el fiscal general de la República, Carlo Díaz, pretenden que sean los jueces quienes dictaminen si siguen o no señalando quién puede o no extender un beneficio carcelario.
Sin embargo, según Campos, “ninguna autoridad policial, ni el Ministerio Público nos indica a nosotros que esta persona había sido detenida y pasada por un delito. Ya revisamos todas nuestras bases de datos, todos nuestros archivos y lamentablemente esa información no nos llega a nosotros para poder hacer algo a lo interno e iniciar el proceso administrativo que compete, con el fin de revocarle la posibilidad de que estuviera en un sistema semiinstitucional”.
PLAN DE REVISIÓN
El Ministro de Justicia sostuvo que, para que esta persona llegara a un sistema semiinstitucional, debió pasar por todo un plan de atención en que hay un grupo de orientadores, psicólogos, trabajadores sociales, de compañeros de seguridad y hasta abogados.
En el caso de Zepeda, su delito era contra la propiedad, no había mostrado niveles de violencia, ni tenía reportes de violencia, al menos mientras estuvo en los diferentes centros penales, y también presentó recursos de apoyo externo, laborales, familiares. Cumplió con un buen comportamiento con los ejes de habilidades.
De hecho, le quedaba menos de un año para terminar su pena total, que era de 6 años de prisión, entonces cumplió con todos los compromisos. De manera cronológica, ingresó al sistema penitenciario el 6 de julio de 2016, el 30 de agosto de 2018 a San José, pasa al centro de atención institucional de Puntarenas el 23 de octubre de 2018, vuelve al Centro Institucional en San José el 14 de marzo de 2019 va a la unidad de atención integral en Guápiles y finalmente el 12 de julio de 21 nuevamente regresa a San José, al beneficio del semiinstitucional que se había otorgado por parte del Instituto Nacional de Criminología.
“Hemos hecho una reunión con el fiscal general semanas atrás y donde también participó el señor Presidente de la República, porque estamos preocupados desde el Ministerio por todos estos casos de personas que han sido puestas en el semiinstitucional y vuelven a cometer delitos y el Ministerio Público nos hizo un informe, nos presentó un informe que todos estos casos son de personas puestas en semiinstitucional del 8 de mayo de 2022 hacia atrás.
No teníamos conocimiento de que se haya dado una situación al día de hoy de alguna de las personas que con esta administración que se asumió en el mes de mayo de este año, algunas de estas personas hayan cometido algún delito”, refutó Campos responsabilizando a la Fiscalía de la falta de comunicación para consultar sobre el estatus judicial de Zepeda.
¿2.758 GOLONDRINAS?
El ministro Campos dio los números de las personas que gozan de los beneficios semiinstitucionales y en este momento hay 2.758 en dicha condición, de esas hay 699 en San José y este “gobierno, este ministerio, a partir del 8 de mayo ha puesto en libertad a 593 con este perfil y con un estudio que revisaron, pero que, a raíz de lo sucedido y para prevenir, le he pedido de nuevo al viceministro de Justicia que iniciemos una revisión de todos estos privados de libertad, con los recursos que tenemos, para ver si han cometido algún delito y eso hemos esperado, que del Poder Judicial nos preguntaran a nosotros por cada privado de libertad, que es lo más importante, pero no ha sido así”, recalcó el jerarca.
SIN CACAO NO HAY CHOCOLATE
Campos señaló que luego de conversar con el Fiscal General, tal como lo hizo con el ministro Torres, remitirá un oficio a Carlo Díaz para preguntarle si alguna de estas personas del 8 de mayo a la fecha ha cometido delito o no, y así hacer los procesos internos y revocar beneficios.
“Aquí lo que necesitamos es hacer un trabajo en conjunto, como yo lo dije en días pasados en la Asamblea Legislativa, requerimos de más personal, en particular criminólogos, para cada uno de estos centros penitenciarios que no hay, no los encontramos y no tenemos el presupuesto y ya la Asamblea Legislativa nos aprobó un presupuesto que no nos permite crecer en una plaza, entonces hay que lidiar con eso, porque aquí lo que está en juego es la vida de costarricenses y eso es muy lamentable”, sentenció.
Y añadió Campos: “Segundo, el Ministerio Público y las autoridades del Poder Judicial, al día de hoy, no nos han solicitado información sobre todas las personas que por ellos son recibidas para un proceso penal”.
CENTRAL DE COMUNICACIONES
Con todo lo acontecido, y sabiendo que el Poder Judicial, en particular la Fiscalía, no hace lo propio por consultar, Campos puso a disposición la base de Datos de Justicia y Paz para que les consulten cualquier cosa de los privados de libertad.
“Es que aquí no somos adivinos, necesitamos que alguien nos alimente y no tengo información, por eso es que estoy poniendo la Central de Comunicaciones de la Policía Penitenciaria (a disposición) para que cada vez que ya tienen a una persona que tengan detenida me lo pregunten y así nosotros le decimos, ‘mire, disculpe, es una persona que está en el sistema penitenciario, con una medida en un nivel semiinstitucional, avisen al fiscal de la situación y pida los insumos’. Al día de hoy no nos han informado, entonces creo que son ellos los que tienen que decir por qué no nos han informado”, aseveró Campos.
El jerarca de Justicia aclaró que entre él y el Ministro de Seguridad hay una comunicación fluida, pero lo que pasa en estos casos es que cuando estas personas llegan con un parte policial, tiene que haber una ampliación de la investigación, que ya debe estar en manos de un Poder de la República que no es el Ejecutivo.
¿ENTONCES, QUIÉN FALLA?
“Está en manos del Poder Judicial, los integrantes del Poder Judicial debieron de preguntarnos a nosotros”, sostuvo Campos.
Para culminar, el Ministro de Justicia dijo que, si en la Fiscalía tienen dudas, pueden llegar a buscarlos, pues ya se está ideando una política pública en materia criminal que no se tiene desde hace 11 años.
“Si el Fiscal pidió una ampliación en este caso a la Policía Judicial, puede llegar a nosotros, a nivel de Ejecutivo estamos elaborando un plan estratégico que lo tiene a cargo el Ministro de Seguridad Pública, con quien conversé en la mañana porque estamos preocupados. (…) Aquí hay una labor interesante, el Poder Judicial es el que condena, estoy diciendo que es aquí donde todos debemos de revisar qué hicimos, qué no hicimos, porque no es justo que el país pague las consecuencias”, finalizó.