Aunque los números económicos del país mejoran, la inversión social más bien disminuye, llegando a niveles por debajo de lo recomendado por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE).
Así lo plantea el informe “Proyecciones Macroeconómicas 2024 y Estado Actual del Gasto Social en Costa Rica”, desarrollado por el Centro Internacional de Política Económica (Cinpe) de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional (UNA).
Casi todos los rubros sociales han enfrentado recortes en los últimos años, un ejemplo es el de protección social: mientras en 2020 se invertía el 7,98% del producto interno bruto (PIB), tres años más tarde se redujo a 7,1% (14,5% del presupuesto nacional). Si lo comparamos con el promedio de los países de la OCDE, el 22,6% de sus presupuestos, Costa Rica destina sustancialmente menos dinero a este aspecto.
EDUCACIÓN CON MENOS PRESUPUESTO
Si la reducción de inversión en protección social es evidente, en educación lo es aún más, ya que el presupuesto para este año es 5,4% del PIB.
Esto contraviene las recomendaciones de la OCDE, que plantea dedicar por lo menos el 6% a este sector, y también ha tenido consecuencias en los indicadores educativos del país. Por ejemplo, según el Programa Estado de la Nación (PEN), desde 2021 un 60% de las escuelas públicas reportan necesidades críticas de reparación y mantenimiento.
Además, mientras en 2020 abandonaron las aulas el 7,9% de los estudiantes, para 2022 el número subió a 19,92% y los recursos transferidos a las juntas de educación para infraestructura sufrieron una reducción de 3,6% durante 2020-2022.
Igualmente, Costa Rica es uno de los países de la Organización que menos recursos asigna por estudiante de primaria y secundaria.
SALUD, OTRO DAMNIFICADO
En temas de salud el presupuesto también se viene disminuyendo: de 2020 a 2023 se redujo en 1% la inversión, pues en 2020 se destinaba el 6,83% del PIB a este rubro y tres años después 5,8%.
Costa Rica gasta $1,658 (¢876.556) por habitante en salud, bastante menos que el promedio de la OCDE, $4,986 (¢2,6 millones), inclusive la inversión es menor a lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud, que es del 6% del PIB.
Esto provoca que el país tenga indicadores más bajos que el promedio de OCDE en cobertura de los servicios básicos, gasto privado y cantidad de camas por cada 100.000 habitantes.