La Contraloría General de la República (CGR) dio a conocer el informe DFOE-LOC-SGP-01-2022 enfocado en municipalidades. donde se indica que el gasto administrativo es el que mayor cantidad de recursos acaparó con un 61% del total.
“Sobre el uso de esta ley se pudo determinar que, en términos generales en los dos años de validez de la misma, el sector municipal aplicó las distintas flexibilidades incluidas en la misma por un monto total de ¢7.424,7 millones, siendo el gasto administrativo el que mayor cantidad de recursos acaparó con un 61% del total (¢4.560,9 millones)”, se lee en las conclusiones del informe.
En 2020 y 2021, se permitió flexibilizar el pago de los servicios y compensar esa disminución con otras fuentes de financiamiento. Se hizo énfasis en el gasto administrativo y cuatro servicios como el agua, gestión integral de residuos, seguridad y vigilancia, así como cementerio, señala el documento en manos de DIARIO EXTRA.
“El riesgo mencionado sobre el uso de las flexibilidades en mayor medida para financiar el gasto administrativo fue identificado desde el proceso de discusión de ley, pues era necesario que el cuerpo normativo definiera límites en la motivación para aumentar los gastos administrativos o generales en la atención de la emergencia”, dijo el ente contralor.
En 2021, los ingresos reales alcanzaron la suma de ¢781.9242 millones, para una diferencia de ¢56.464 millones en relación con el 2020.
En 26 municipalidades los ingresos reales bajaron entre un 0,25% y un 41,80% con respecto al 2020, donde en 7 la afectación fue superior al 20%.
“En comparación con los ingresos reales reportados en el año 2019 en el sector municipal previo a la pandemia, con los obtenidos en el año 2021, se pudo observar que el 62% (50) de las municipalidades aumentaron sus ingresos en el año 2021. Por otra parte, el 38% (31) restante de gobiernos locales, sus ingresos en el periodo 2021 estuvieron por debajo de lo recaudado en el 2019, con disminuciones que van de un 2,48 % a un 38%”, añade el informe.
CONTEXTO
El 22 de mayo del 2020 se publicó la Ley 9848, “Ley para apoyar al contribuyente local y reforzar la gestión financiera de las municipalidades, ante la emergencia nacional por la pandemia de COVID-19”, para que las municipalidades realizaran ajustes en sus presupuestos para buscar la sostenibilidad financiera.
“Durante el periodo de vigencia de la ley, 24 municipalidades en el 2020 y 16 en el 2021 vieron reducido su ingreso en comparación con lo presupuestado, por lo tanto, la ley les permitió entre otros aspectos atender actividades y gastos sustantivos, por un monto de ¢2.039,9 millones en el 2020 y ¢958,8 millones en el 2021”, comunicó la CGR.
LOS RESIDUOS
El servicio de gestión integral de residuos simbolizó un 30% que corresponde a ¢2.222 millones en 2020 y 2021. Este monto fue financiado por una flexibilidad temporal.
Además, según el informe de la Contraloría, en el sector municipal los procedimientos de contratación que se ejecutan por medio de Sicop fueron el 85% en 2021. Aunque el porcentaje sea alto, queda pendiente un 15% de contrataciones en el sistema.
SIN RESPUESTA
DIARIO EXTRA consultó a la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias (ANAI) y a la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) para conocer su opinión sobre el tema, sin embargo, no se obtuvo respuesta al cierre de edición.