Un informe del Poder Judicial sobre los “Movimientos Estadísticos en Materia de Cobro” revela que casas prestamistas, bancos y empresas que venden electrodomésticos saturan el sistema con miles de expedientes de deudas en cobro judicial.
De acuerdo con la estadística oficial para agosto del año pasado se contabilizaron más de 747 mil expedientes y la proyección para cerrar el 2019 fue de 871 mil.
Los cálculos judiciales estiman que para el 2021 esa cifra crezca a más de 1,4 millones de expedientes por cobro judicial.
COBRO ACTIVO
La empresa Instacredit tiene activos 91.646 expedientes de cobro en colones por más de ¢114 mil millones y 26 en dólares por más de $6 millones.
Mientras que la empresa GMG Servicios Costa Rica (Grupo Monge) tiene 86.030 expedientes en colones por más de ¢52 mil millones y 35 en dólares por $23 millones.
Más abajo en la lista aparecen bancos privados como el BAC San José con 43.957 expedientes en colones por más de ¢116 mil millones en cobro judicial y 597 expedientes en dólares por más de $143 millones.
Credomatic Costa Rica tiene 37.019 expedientes en colones por más de ¢105 mil millones y en dólares 39 por un monto de más de $73 millones.
Según el Poder Judicial a la fecha suman alrededor de 850 mil expedientes contra personas a las que se les tiene una causa abierta por cobro judicial, para lo cual este poder de la República destina más de ¢12 mil millones de dineros públicos, ya sea en el pago de planilla y otros recursos para esos casos.
Por ejemplo, para todo el proceso se utilizan 86 jueces, 25 coordinadores judiciales, 260 técnicos y 7 auxiliares de servicios generales.
CÍRCULO PERVERSO
El diputado oficialista Welmer Ramos explica cómo la usura se ha convertido en lo que llama un “círculo perverso”.
Por ejemplo, cuando una persona de escasos recursos compra una plancha, cuando pague entre 7 y 10 cuotas ya la habrá cancelado, incluso parte de sus intereses, pero seguirá desembolsando por muchos meses más producto de las exageradas tasas de interés.
Si no lo hace, estas empresas o bancos pasan las cuentas a incobrables para luego vender las deudas a bufetes de cobro que incluso pertenecen al mismo negocio.
“Ese mecanismo crea un escudo fiscal. Lo peor de todo es que cuando ya no pueden cobrar, después de intimidar con mensajes, correos y amenazas a la gente sencilla y a toda su familia, lo trasladan al sistema judicial para que ellos le hagan la tarea y eso lo pagamos todos los ticos”, señaló Ramos.
IMPUESTO
La legisladora independiente Marolin Azofeifa, del bloque Nueva República, con el apoyo de Walter Espinoza, director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), impulsan una iniciativa de ley para que las empresas que solicitan procesos de cobro judicial tengan que pagar un timbre por ese servicio.
El valor del timbre será de ¢25.000 para procesos cuya cuantía sea igual o menor a ¢5 millones y para demandas mayores a ¢5 millones tendrá un costo de ¢1.000 más por cada millón adicional.
Espinoza recordó que el OIJ es una entidad que depende del presupuesto de la Corte Suprema de Justicia y es la única policía técnica científica del país y en general tiene una escasez de recursos.
“Estas iniciativas son positivas porque nos generan recursos frescos que permiten afrontar las implicaciones de la criminalidad organizada. Esto no es un impuesto, sino un canon a estas empresas que se dedican a gestionar cobros”, indicó.
El proyecto se discute con el expediente 21.691 y los recursos que genere podrán ser utilizados en la compra de mobiliario, infraestructura, compra de equipo policial especializado, compra de servicios y equipo tecnológico, etc.