La Sala Constitucional dictó 3 medidas cautelares en el caso del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo, con el fin de evitar “daños graves e irreparables al ambiente”.
Dentro de lo dispuesto por la Sala IV está:
- Se suspenden el otorgamiento de concesiones o permisos nuevos: También se suspende la ejecución de concesiones o permisos ya otorgados, por parte de Municipalidad de Talamanca, sobre las 20,1 hectáreas de terrenos clasificados como bosque que se ubican dentro de la zona marítimo terrestre del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo.
- Se suspende la directriz 09-2023 del Ministerio de Ambiente y Energía que dispone que los límites oficiales del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo son los establecidos en la Ley N° 9223, Reconocimiento de los derechos de los habitantes del Caribe Sur, vigente desde el 8 de abril 2014.
- Se declara la moratoria total sobre el otorgamiento de permisos de corta y aprovechamiento forestal, por parte del Ministerio de Ambiente y Energía y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), en las áreas de los 7 bloques de bosque que deben ser retornadas formal, material y normativamente al REGAMA. Tanto los permisos nuevos como los permisos ya otorgados quedan suspendidos de inmediato, particularmente el indicado por la Procuraduría General de la República, permiso 011-2024-ACLAC-SLT.
“Dicha disposición del Tribunal Constitucional se da hasta tanto no llegue a esta Sala el Informe Final de cumplimiento de la sentencia n°2019-12745 de las 12:10 horas del 10 de julio del 2019 (expediente 14-019174-0007-CO) o hasta que la Sala no disponga otra cosa”, indicó la Sala.
Además, la Sala IV solicitó a la Defensoría de los Habitantes, Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la República que colaboren para ser coadyudantes en la vigilancia sobre el cumplimiento de lo ordenado en las sentencias:
Así como para que cada vez que llegue un informe mensual a la Sala por parte del ministro de Ambiente y Energía y del director ejecutivo del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, realicen una réplica, en lo que atañe al ámbito de sus competencias.
Defensora responde
La defensora de los Habitantes, Angie Cruickshank, se pronunció tras las medidas anunciadas, indicando que se encuentra muy complacida de que la Sala IV acogiera las medidas solicitadas por la Defensoría.
“Dicha solicitud fue interpuesta considerando que han transcurrido 6 años desde que la Sala Constitucional declaró la inconstitucionalidad de la ley que redefinó los límites del refugio y que a la fecha, haya continuado el otorgamiento de permisos de tala y concesión en la zona, sin que el Poder Ejecutivo haya cumplido lo ordenado por la Sala desde el año 2019, habiendo transcurrido 5 años desde la interposición del primer amparo”, indicó Cruickshank
Según la jerarca, dichas medidas buscan asegurar la integridad ambiental del área geográfica, así como el derecho de todos los habitantes de la zona y del país al disfrute de este territorio.
El caso
- En el 2019, el tribunal ordenó al Sinac, parte del Minae, delimitar las 188 hectáreas de bosque para sumarlas al Patrimonio Natural del Estado (PNE).
- Esto por cuanto eliminó el artículo único de la Ley 9223 que trasladaba a manos privadas terrenos del Instituto de Desarrollo Agrario (IDA), ahora Instituto de Desarrollo Rural (Inder).
- La orden se emitió en julio de ese año y debía cumplirse en 12 meses. Sin embargo, más de 5 años después, el Sinac no la ha acatado, según señaló la Sala IV en septiembre de 2024.
- El tema volvió a ser relevante cuando vecinos de Manzanillo denunciaron en mayo del año anterior la tala ilegal en una finca del empresario Pacheco Dent, ubicada dentro del refugio.
- En respuesta, el Sinac informó que había autorizado la tala de 26 árboles mediante la figura de aprovechamiento forestal.
- Sin embargo, semanas después, la Fiscalía detuvo al empresario y a cuatro funcionarios del Sinac, sospechosos de haber permitido el cambio de uso de suelo en un área boscosa, algo prohibido por la Ley No.7575.
- En agosto, el Juzgado Penal del Segundo Circuito Judicial de San José rechazó la solicitud de la Fiscalía Ambiental y la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta) de medidas cautelares en contra de 3 sujetos por la presunta tala de árboles en Manzanillo, en terrenos que pertenecerían al Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo, en Limón.
Ver más: Caso Gandoca-Manzanillo: Sospechosos quedan sin medidas cautelares
El tema ha estado lleno de controversias, pero, finalmente, la Sala Constitucional falló a favor del refugio, indicando que se debe delimitar los terrenos del área protegida.
