El futuro sobre el servicio de inspección vehicular en Costa Rica es incierto y probablemente le corresponderá a la próxima administración definir la continuidad del proceso.
El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) apostó por continuar con el servicio que brinda la empresa Riteve durante dos años más mientras se aclaran los nublados del día respecto a esta decisión.
El MOPT se excusó en una acción de inconstitucionalidad contra el artículo 25 de la Ley de Tránsito interpuesta por un grupo de ambientalistas y que, a criterio de la institución, obstaculiza el procedimiento de renovación.
Lo cierto es que el propio Ministerio de Obras Públicas y Transportes tuvo 10 años para renovar el contrato o abrir una nueva licitación, sin embargo, se durmieron y, como buenos ticos, lo dejaron todo a última hora.
SOLICITUD
Una gestión que presentó la administración ante la Contraloría General de la República (CGR) tiene como fecha límite para resolverse este miércoles 27 de abril, por lo que la están pendientes.
“Eso está en la Contraloría, esperamos porque ya hay una propuesta formal hecha a la Contraloría para darle la continuidad por dos años mientras se resuelve la acción de inconstitucionalidad que impide una licitación”, indicó la noche de este lunes el ministro del MOPT, quien por primera vez se refiere al plazo de ampliación del contrato que están solicitando. La decisión se fundamenta en el artículo 12 de la Ley de Contratación Administrativa y el artículo 208 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Dichos artículos indican que el Estado podrá efectuar una ampliación unilateral de un contrato en caso que se demuestre imprevisibilidad en la continuación de un servicio público.
DIRECCIÓN JURÍDICA
DIARIO EXTRA publicó en su edición del 9 de abril que la Dirección Jurídica del MOPT alertó al ministro sobre la ausencia de estudios y análisis financieros de viabilidad para ampliar el contrato con Riteve.
También detalló que no hay claridad en los planes para disminuir las tarifas por aplicar a raíz del vencimiento del contrato de la compañía con el Estado y se vencerá el próximo 15 de julio.
Esa fecha se tiene contemplada que los equipos y las instalaciones que forman parte de Riteve pasen a manos del Estado.
El informe jurídico detalló las constantes reuniones entre personeros de Riteve con Eduardo Brenes Mata, viceministro de Transportes, lo cual afectaría el principio de objetividad y transparencia.