El jerarca de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), Bernardo Alfaro, tiene claro que muchas de las reformas que están en camino eran necesarias incluso desde hace 20 años. Sin embargo, se alegra de que ya se esté retomando el camino.
Para comentar sobre su visión de lo que está ocurriendo en el mercado bancario y financiero, Alfaro visitó las instalaciones de El Periódico de Más Venta en Costa Rica, donde conversó con Iary Gómez, gerente general del Grupo Extra, y Paola Hernández, directora de DIARIO EXTRA.
Alfaro asumió el cargo hace casi año y medio, en un momento convulso para la economía nacional y de las familias.
¿En qué han venido trabajando?
– Este año, hemos estado muy ocupados con la agenda de proyectos de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos). Si ustedes me preguntan, yo diría “bendita la hora en que el país decidió adherirse”, porque había reformas que desde esa época yo anhelaba y decía “esto hay que hacerlo en algún momento”. Esta es mi segunda vez en la Superintendencia, estuve en los años 1999 al 2003.
¿Y por qué esperar hasta entrar en una entidad como esta para hacer las cosas?
– Yo por eso digo que llegó el momento y esa (la OCDE) fue como la excusa. La última reforma importante del sistema bancario fue como en 1995, o sea, ya casi 25 años. Nuestra Ley se había quedado obsoleta y había vacíos importantes.
¿Cómo cuáles?
– Por ejemplo, que se aprobara hace poco en la Asamblea Legislativa el proyecto de supervisión consolidada, para mí eso fue una transformación importante con la que yo soñaba hace 20 años. Esta ley le da a la Sugef facultades que no tenía y todos los vecinos sí tienen y, cuando uno va y conversa con supervisores de la región, uno dice “nos estamos quedando atrás en muchas cosas”.
¿De cuál otro proyecto considera importante la aprobación?
– La reforma a la Ley Reguladora del Mercado de Valores. Ese es importante para la Sugeval (Superintendencia General de Valores), para intercambiar información con reguladores de otros países y Costa Rica va a acceder a la IOSCO/OICV (International Organization of Securities Commissions/Organización Internacional de Comisiones de Valores). Somos uno de los cuatro países en el mundo que no pertenecemos a la IOSCO, es una vergüenza. Ahora vamos a tener el instrumento legal para hacerlo.
¿En qué más se trabajó dentro del marco OCDE?
– Aprovechamos para meter reformas al marco sancionatorio, que era muy deficiente, estaba diseñado casi para que, el que cometía una falta, o lo matábamos o perdonábamos, pero no había sanciones medias.
Aprobamos el proyecto de ley de sucursales bancarias, en OCDE había interés en eso, Panamá lo tienen hace muchos años.
Y, dentro de ese marco, ¿está el proyecto de seguro de depósitos?
– Ese es el tema más controversial de todos, que lo dictaminaron en comisión y entiendo va para Plenario, que es el famoso proyecto de seguro de depósitos y resolución bancaria. Costa Rica ha adolecido de un fondo de depósitos a lo largo de la historia. OCDE nos dijo: “si esto no lo aprueban, fue un gusto conocerlos”.
Pero, técnicamente, ¿a usted le parece correcto?
– En la forma en que quedó, a mí me parece correcto, porque se le está quitando a la banca estatal la garantía del Estado. Se crearon tres compartimientos: uno donde está la banca estatal y el Popular, otro para bancos privados y otro para financieras y cooperativas.
Al día de hoy hay gente que está esperando la plata de Coopemex, ¿en qué cambia a futuro el tener un seguro de depósitos?
– El ideal sería una respuesta rápida, tener un fondo para cubrir hasta los ¢6 millones de manera ágil. En mi experiencia, con un fondo como este, uno puede sacar a la mayoría de la gente que depositó. Les garantizo que se podría sacar a más del 90% de los ahorrantes. El promedio de depósito en las entidades no llega a ese monto de ¢6 millones.
¿Cómo funciona ahorita que no hay seguro de depósitos?
– La entidad entra a la intervención. Típicamente, el interventor dice “hay que liquidarla porque los activos no cubren los pasivos” y la gente no va a recuperar la totalidad de sus recursos.
Entrado en el proceso de intervención, se venden los activos, las agencias, los edificios y la cartera. Usualmente, sucede que muchos aprovechan el proceso para asumirla, pero hay que perseguir y cobrar a esos clientes. Siempre hay créditos buenos, que se pueden vender a otras entidades. Conforme se recupera, se va trasladando a los acreedores. La tasa de recuperación ha estado entre el 70% y el 85%.
¿Es un buen promedio?
– Lo que significa es que la gente perdió plata, alguien que tenía ¢5 millones recuperó cuatro y duró un año recuperándolos sin ganar intereses. Con el fondo de garantía, el fondo me va a devolver íntegros esos ¢5 millones.
¿Cómo se va a financiar ese fondo?
– Es un porcentaje de los depósitos. Además, posiblemente le va a salir un poquito más caro a los más riesgosos y ahí la Superintendencia va a jugar un papel importante, es decir, yo puedo tener cinco bancos y decir este es normalidad 1, 2, 3…
¿Quién lo va a administrar?
– El Banco Central, que va a ser el administrador de este fondo, seguramente va a pedir a la Sugef “deme la calificación de todos y entre más riesgo más paga”. Cada entidad irá echando en las ollas una proporción. Está proyectado que esas ollitas van a estar llenas hasta en unos 30 años.
¿Eso no eleva el costo para el usuario?
– No debería, por eso se diseñó de una manera que no haya una tentación en el sistema para hacer eso. El porcentaje sobre el total de depósitos es el mismo para todos y también está el elemento de competencia entre entidades.
¿Cómo quedó entonces el seguro para los bancos del Estado?
– La banca estatal va a contribuir, pero aún teniendo la garantía del Estado. Eso quiere decir que, en caso de una eventualidad, eso va a servir como un apoyo contingente, para enfrentar el problema. Se le va a poder echar mano a ese fondo para aliviar la contingencia fiscal.
¿Qué significa realmente tener una garantía del Estado?
– Está contemplada en la Ley, ya ha funcionado en el caso del Banco Anglo y Bancrédito. En el Anglo fue más sencillo, porque actuaron de inmediato Banco Central y Hacienda. Bancrédito fue más complicado, porque había que presupuestar el salvamento, después dichosamente vino la fusión con el Banco de Costa Rica.
Yo no me quiero imaginar un problema de esas dimensiones en el BCR o el Nacional, porque ahí ya estaríamos hablando de niveles de fondos demasiado grandes que se requerirían.
¿Qué podría pasar?
– A estos bancos se les conoce, en el argot internacional, como demasiado grandes para caer. Significa que posiblemente no se podría actuar como se hizo con el Anglo y Bancrédito, sino que habría que buscar la forma de rescatarlos, porque el impacto fiscal sería demasiado grande.
¿Qué opina de tener un solo banco para el Estado?
– Es un tema ideológico pesado. Si usted me pregunta, y yo estuve casi 14 años en un banco del Estado, creo que con un solo banco estatal Costa Rica tendría un sistema financiero rentable solvente. Vender a un banco del Estado incentivaría más la competencia y a la larga sería provechoso. Cerrarlo no, porque es costosísimo, un banco se vende por varias veces su valor en libros. Hay gente dispuesta a pagar el doble o el triple por ese patrimonio. Sería muy atractivo como negocio.
¿Lo ve factible en este momento del país?
– Políticamente sería dificilísimo, financieramente sí es factible.
¿Y fusionarlos?
– A mí no me gustaría fusionarlos, porque si ya son dos ballenas en la pecera, esa sería la ballenota, sería un banco demasiado grande.
¿Por qué no se había incluido a almacenes y prestamistas en el CIC (Control de Información Crediticia)?
– Es una buena pregunta, pero yo no se la puedo responder. El CIC nació en la época de Óscar Rodríguez. En la Ley se establece que solo los entes regulados se incluyen. Hay una reforma que se ha estado promoviendo.
¿Hay registro de la actividad de prestamistas?
– Ustedes saben que estamos registrando desde este año los casinos, casas de empeño, gente que comercia joyas, abogados, inmuebles y prestamistas informales. De los 4 mil registrados, 1.200 son prestamistas. Yo me quedé impresionado, 800 son personas jurídicas y 400 personas físicas, llegaron a la Sugef a decir “soy prestamista y me vengo a registrar”. Hay también registrados emisores de tarjetas de crédito que no son bancos, por ejemplo, si usted va a una ferretería y le dan una tarjeta.
¿Y para qué registrarse?
– Si no se registran, los bancos les cierran las cuentas.
¿Cómo es que a uno lo llama un banco y le dice: “tome ¢4 millones y no necesita ningún requisito”?
– Cuando a usted la llaman, ya se dieron cuenta de que usted es asalariada, que posiblemente tiene mucha estabilidad en una empresa y empieza a ganar puntos. Casi todos los bancos tienen robots que entran en la noche a la base de datos de Sugef y sacan información muy básica, los datos que usted encontraría en el Registro Público y, eso sí, la calificación final de su comportamiento de pago.
Cuando uno ve casos como el Cementazo o Bancrédito, la gente se pregunta: “¿Y dónde estaba el regulador?”. ¿Qué les responde?
– Que sería imposible. La Superintendencia emite reglas generales para que las entidades las sigan, porque eso de alguna manera garantiza que en la aprobación normal de todos los créditos y las inversiones las cosas se deberían hacer bien y salir bien. Por ejemplo, se les dice a las entidades: “valore la capacidad de pago del deudor”, ese es el punto uno, punto dos “vea cuál es el comportamiento del pago” y el tres “si fuera necesario, pedir una garantía”.
¿Es imposible impedir que esos casos ocurran?
– La Superintendencia no puede estar sentada en cada comité de crédito de todas las entidades viendo cada caso que llega. Uno espera que cada comité de crédito haga esa tarea, hagan esas valoraciones, tomen la decisión del caso.
¿Cuándo interviene la Sugef?
– Cuando no se hacen las cosas debidamente, ya la Superintendencia le dice a la entidad “ya usted tomó las previsiones del caso, conformó las estimaciones, o sea, pasó un gasto por el monto que ya se dio cuenta que va a perder, porque las cosas no le salieron bien”. No hay un banco en el mundo al que no le salgan mal los créditos. Muchas veces le dicen a uno “Ah, diay, perdió tanta plata en crédito”, y sí, por supuesto, es un negocio de riesgo.
Pero vemos casos como Bancrédito, donde se acumularon una serie de situaciones en los créditos, ¿hasta dónde puede intervenir el regulador?
– Cuando es un deudor con problemas, le tienen que hacer una adecuación, le extienden el plazo. La Sugef los obliga a hacer una estimación especial y registrar un gasto casi diciendo “esto no es un buen crédito”… entonces ya, en esos casos, en buena teoría debieron ser créditos que estaban demasiado estimados, es decir, la entidad ya debió haber tomado las decisiones para que pesara menos en el balance.
Si la desaceleración económica se mantuviera hasta junio del otro año, ¿qué podría pasar?
– Tendríamos que acostumbrarnos a un nuevo tipo de economía de bajos niveles de crecimiento, baja inflación y algunos ajustes de macroprecios, pero tenemos indicios de que ya hay un crecimiento en el crédito y la economía. Es posible que en diciembre veamos menos mora, porque mucha gente aprovecha el aguinaldo para bajarlo.
¿Podría ser que hayan aumentado las cuentas de ahorro?
– Los bancos tienen muchísima liquidez y lo que hacen es que la depositan en el Banco Central. Podría ser que eso esté pasando.
Sobre las tarjetas de crédito. ¿el que la gente se sostenga con eso es como un efecto bumerán?
– Por eso es que necesitamos que la reactivación sea lo más rápida posible, porque de lo contrario vamos a tener un nivel más alto de morosidad.