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El gobierno y diputados de Liberación y Restauración Nacional negocian una iniciativa para modificar el proyecto de empleo público (expediente 21.336) que dejaría sin aumentos a la base, el salario de los actuales empleados públicos, con el fin de equipararlos con el sueldo global.
Hay que recordar que, en el texto dictaminado en esta ley, la Comisión de Gobierno y Administración aprobó el pasado 10 de noviembre en una votación 6 a favor y 3 en contra que todos los funcionarios públicos actuales o futuros deberán pasar al salario global.
Según las categorías de remuneraciones que se establezcan, dependiendo de la “familia de puestos” que se estaría creando para establecer la meta de “igual trabajo, igual salario”, existe una disyuntiva de qué hacer en los casos en que el actual colaborador tenga un sueldo mayor al salario global que se determinará.
COSTO DE VIDA
En el texto dictaminado se indica que en los casos en “que el salario compuesto sea superior al salario global del que corresponde a su categoría, únicamente recibirán incrementos por concepto de aumento de costo de vida sobre su salario base según lo establecido en la presente ley, hasta que el salario global de su categoría alcance el nivel de su remuneración actual. A partir de ese momento continuarán bajo el régimen de salario global”.
Pero en la moción que se estaría presentado hoy lunes, para resolver este desequilibrio se propone que estos trabajadores públicos actuales ni siquiera reciban la compensación por costo de vida.
“Quienes devenguen un salario compuesto mayor al que le correspondería a su categoría bajo la modalidad de salario global serán excluidos de cualquier incremento salarial producto de aumentos a la base o bien reconocimiento de incentivos, hasta que el monto por concepto de salario global sea igual al salario compuesto que recibía, y en el mes siguiente se trasladarán al salario global”, señala la moción.
En el caso de que el salario compuesto sea menor al global, la propuesta inicial es que se mantenga así, recibiendo aumentos por el costo de vida, hasta que el sueldo se equipare con el salario único.
En la propuesta de la moción se apunta que sí reciban el aumento de anualidades, hasta que alcancen el salario global.
Otro detalle que cambia en ambas propuestas es que el texto dictaminado ratifica que “en el caso de personas servidoras públicas que poseen incentivos, sobresueldo, plus o remuneración adicional, producto de una negociación colectiva o de contratos particulares, estos se respetarán hasta la finalización del plazo de dichas convenciones o contratos”. Pero en la moción se elimina este enunciado.
MÁS CARO A FUTURO
La propuesta aún no tiene el apoyo total para ser aprobada y algunos legisladores expresas que esto podría generar más gastos a futuro para el Estado.
Para el socialcristiano Pablo Abarca, lo correcto es aplicar un traslado voluntario que, si bien implica un costo inicial, después generará ahorros a corto plazo y ordena el tema.
“Mi posición es que lo que propone el gobierno tiene un riesgo de litigio muy alto y lo que se van a ahorrar ahora lo van a tener que pagar con intereses y multas, después que terminen los juicios a favor de los trabajadores”, comentó.
El líder sindical Albino Vargas adujo que tras conocerse las citas que se han tenido en las últimas semanas, es claro para ellos que la ofensiva más fuerte con los empleados públicos viene del PLN, y el proyecto se volvió espurio y perdió legitimidad con esas “reuniones secretas”.
“Ese proyecto es inconstitucional y es ideológico producto del odio que tienen contra el empleado público”, enfatizó Vargas.
AHORRO
En la reunión que la ministra de la Presidencia, Geannina Dinarte, tuvo con un grupo de diputados para hablar de esta ley, se indicó que el gobierno estima un ahorro del 0,81% del Producto Interno Bruto (PIB) al 2024, es decir poco más de ¢292 mil millones, cifra que para Vargas es escasa y viene a demostrar que el problema del déficit fiscal no está en los salarios de los empleados públicos.
No obstante, el ministro de Hacienda, Elián Villegas, manifestó en una entrevista en el programa Economía Hoy que no aplicar la reforma haría que el Ejecutivo pierda un 1% de ahorro del PIB (poco más de ¢361 mil millones).
“Gastamos poco más de la mitad de lo que recogemos en impuestos para pagar las remuneraciones de los empleados públicos”, dijo el titular de Hacienda.
Aprobar este proyecto es vital dentro de la negociación que el gobierno iniciará hoy con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
La iniciativa tiene alrededor de 180 mociones presentadas y aún está lejana su discusión en el Plenario.