Pareciera ser que las autoridades del Hospital Nacional Psiquiátrico Manuel Antonio Chapuí y Torres están incumpliendo con los lineamientos emitidos por el Ministerio de Salud respecto al aislamiento y cuarentena que deben guardar aquellos funcionarios de los que se tiene sospechas de portar el virus al detectar un caso positivo.
En este centro médico tienen en una cuarentena atípica a 16 funcionarios del servicio de Adolescentes, pues estos siguen trabajando a pesar de haber tenido contacto con una compañera de aseo de ese servicio que llegó el 12 de abril desde México contagiada con COVID-19.
Trabajadores que prefirieron no ser identificados por temor a represalias externaron su preocupación al Sindicato Nacional de Enfermería (Sinae), pues según señalan a sus 16 compañeros ni siquiera se les ha aplicado una prueba para determinar si tienen o no el virus.
Mencionaron, además, que esas personas siguen trabajando como si nada pasara, pese a estar en cuarentena solo que les brindan equipos de protección como batas, cubrebocas, gorros y botas de tela.
INSÓLITO
Consultado al respecto, Lenin Hernández, secretario general del Sinae, catalogó la situación como insólita y nunca antes vista en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y que, además, no está escrito en ningún protocolo ni recomendación técnica.
Mencioné que esos trabajadores entran a trabajar como si nada pasara y luego salen de regreso a sus casas, donde deberían estar cumpliendo aislamiento por 14 días.
“Ellos atienden a los pacientes con todo el equipo de protección, de hecho, ya han acelerado la salida de tres pacientes, aún quedan 10, esperando que ninguno salga positivo”, expresó Hernández.
“Lo que más nos llama la atención es que a los compañeros que tuvieron contacto directo con la funcionaria positiva no les han hecho ningún tamizaje y los dejan trabajando bajo condiciones de cuarentena, esa unidad se convirtió como aislada, es una unidad COVID-19 dentro del hospital”, aseveró el sindicalista.
RIESGO E
IRRESPONSABILIDAD
El dirigente sindical manifestó la preocupación sobre el riesgo de contagio que enfrentan los funcionarios, que incluye también a pacientes, pues la lógica sería sacar a los trabajadores, enviarlos a la casa y llevar a otros que los sustituyan.
Hernández presume que hay una falta de personal para unas eventuales separaciones de cargos por aislamientos, sin dejar de lado la ausencia de pruebas para detectar el virus.
“No podemos saber si esto es un problema a nivel gerencial o local, pero es una irresponsabilidad de la institución”, sentenció el sindicalista.