Funcionarios del MEP cuestionan llevar estudiantes a cárceles como método preventivo
Profesionales emitieron posición técnica
Un total de 39 profesionales en psicología, orientación, trabajo social y otras disciplinas firmaron un oficio técnico que rechaza la posibilidad de llevar a estudiantes a centros penitenciarios como estrategia para prevenir la violencia juvenil, según lo había propuesto la presidenta Laura Fernández.
El oficio OFICIO-DVM-AC-DVE-1049-2026, fue presentado a la directora de Vida Estudiantil del MEP, Jacqueline Badilla Jara y se opone a lo que anunció Fernández en conferencia de prensa, que fue respaldado por el jerarca de Educación, Leonardo Sánchez, y el ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar, de que estudiantes de zonas “peligrosas” visiten el Centro de Alta Contención de la Criminalidad Organizada (Cacco).
Sin evidencia científica que respalde la medida
Según el análisis técnico, las intervenciones que exponen a personas menores de edad a contextos de privación de libertad no cuentan con estudios que demuestren su efectividad.
El texto cita una revisión sistemática internacional sobre los llamados programas “Scared Straight”, desarrollados en Estados Unidos y otros países como estrategia disuasoria.
“Estos hallazgos resultan particularmente relevantes porque permiten diferenciar entre una reacción emocional inmediata y un cambio conductual sostenido. El miedo puede generar obediencia momentánea, pero no desarrolla autorregulación, pensamiento crítico, manejo emocional, razonamiento moral, habilidades para la vida ni capacidades para construir proyectos de vida positivos.”, indican en el texto.
El oficio también hace referencia directa a la revisión académica que analizó ese tipo de programas: Scared Straight and Other Juvenile Awareness Programs for Preventing Juvenile Delinquency: A Systematic Review. Campbell Systematic Reviews. publicada por Campbell Collaboration, concluyó que estas intervenciones no disminuyen la delincuencia juvenil.
El documento agrega que el Departamento de Justicia de Estados Unidos clasifica estos programas como ineficaces y desaconseja su implementación como estrategia preventiva.
Sin antecedentes formales
Los firmantes indican que, hasta la fecha, no localizaron registros que muestren que el MEP haya aplicado antes una estrategia de este tipo.
La relación histórica entre el sistema educativo y el penitenciario se ha limitado a garantizar el derecho a la educación de personas privadas de libertad.
“Por las personas firmantes, así como en la documentación institucional y pública conocida, no ha sido posible identificar antecedentes formales, lineamientos, evaluaciones, memorias institucionales o registros que permitan acreditar la implementación de una estrategia nacional de esta naturaleza por parte del Ministerio de Educación Pública”, se lee en el contenido.
El texto plantea, como alternativas, el fortalecimiento de programas existentes en educación, cultura, deporte y salud mental.
Los profesionales solicitan que el oficio sea trasladado a las autoridades ministeriales para que sea considerado como insumo técnico en la toma de decisiones institucionales sobre la política pública dirigida a la niñez y la adolescencia.
Ministro responde a oficio
Tras recibir el documento, el ministro de Educación, Leonardo Sánchez, respondió que el criterio será incorporado al proceso de análisis institucional y reiteró que aún no existe una metodología, un protocolo ni una decisión administrativa sobre la eventual visita de estudiantes a centros penitenciarios.
“Al día de hoy no existe una metodología pedagógica diseñada, un protocolo de implementación ni una decisión administrativa adoptada sobre este tema. Lo que existe es el inicio de un proceso de análisis técnico e interdisciplinario“, dijo el titular de Educación.
El jerarca añadió que cualquier eventual iniciativa deberá demostrar respaldo científico, técnico, pedagógico y jurídico, y recalcó que el objetivo es fortalecer las estrategias para prevenir el reclutamiento de menores por parte del crimen organizado, no acercarlos a un centro penal.
“En consecuencia, no resulta posible emitir una valoración técnica definitiva sobre una intervención cuya configuración aún no existe”, añadió Sánchez.