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Una serie de reportajes que DIARIO EXTRA hizo en noviembre sobre el servicio de transporte que ofrece el Ministerio de Educación Pública (MEP) reveló presuntos descontroles que se daban en las diferentes regiones del país, al punto que hoy día cuatro de los funcionarios responsables deberán comparecer a partir de hoy ante el tribunal del Servicio Civil.
AL SERVICIO CIVIL
Se trata de Sonia Calderón Villalobos, directora de Programas de Equidad entre 2009 y 2010; Julio César Esquivel Jiménez, jefe del departamento de Transporte de Estudiantes en el periodo 2009-2010; William Salazar Sánchez, jefe del departamento de Transporte de Estudiantes en 2010; y Melissa Jiménez Retana, profesional Servicio Civil 1A, en 2009 y 2010.
Este medio supo que a través de una exposición de hechos se logró poner en evidencia que los anteriores funcionarios presuntamente habrían inducido a error a la administración al aprobar la creación de rutas y autorizar el incremento de estudiantes, pese a que en muchos casos las giras ni siquiera se realizaron y en otros casos “…el Nocturno de Pérez Zeledón no esta aplicando las fichas socioeconómicas, ni se tienen los expedientes de transporte estudiantil…”.
Así por ejemplo en el caso de Jiménez Retana hizo varias visitas al centro educativo anterior, determinó que “el procedimiento para la selección de los beneficiarios no se ajustó a las formalidades que la normativa dispone”.
En el caso de Esquivel Navarro, entre el 1 de enero del 2008 y el 31 de julio del 2010 “autorizó la creación de seis rutas nuevas con su correspondiente tarifa, sin que mediaran razones técnicas para determinar los costos.
Además no se realizó la visita de inspección en la que se debían verificar los recorridos y la veracidad de la información suministrada para la creación de la ruta”.
Ni hubo verificación de la repetición de beneficiarios, como ocurrió. Tampoco hubo mecanismos de control a la hora de la aprobación de las rutas y el adelanto de “¢30 millones en el 2010 por parte de dichos servidores”.
Calderón Villalobos cuando se rechazó la creación de nuevas rutas “autorizó el incremento de beneficiarios en las rutas existentes, con base en listados de incremento presentados por el director de la institución, con el compromiso de visitar de nuevo el centro educativo para verificar el cumplimiento de los requisitos. Sin embargo esa inspección no se realizó”.
Por último, en el caso de Salazar Sánchez, quien asume después como jefe del departamento de Transporte de Estudiantes, hizo referencia a que hacía falta una gira al Liceo Nocturno de Pérez Zeledón para verificar los requisitos y aumento de beneficiarios, no obstante no “tomó las medidas correctivas una vez realizada esa gira de inspección, a pesar de que en ella se determinó que el Liceo en cuestión no aplicaba las fichas socioeconómicas, ni contaba con los expedientes de transporte estudiantil”.
¢73 MILLONES
Por lo anterior se determina que hubo una “actuación negligente” por parte de los funcionarios en cuestión, lo que causó un perjuicio monetario al erario público de ¢73.342.225, correspondientes a ¢20.325.900 en 2009 y ¢53.016.325 en 2010.