El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó que realizan una serie de allanamientos catalogados como crimen organizado y que, en apariencia, tres funcionarios de RECOPE participarían de los hechos junto a los grupos organizados.
A estos funcionarios, se le suma un empleado de una empresa privada que brinda servicios a RECOPE.
En apariencia, estos grupos organizados eran liderados por un sujeto de apellido Bell, otro de apellido Soto y un tercer masculino de apellido Salas.
El delito habría ocurrido en Limón y al parecer se había realizado la instalación de tomas ilegales en el poliducto que se ubica entre la línea marítima de RECOPE y los barcos petroleros; desde ese punto se realizaba la extracción de los combustibles a estos inmuebles, donde posteriormente era vertido en recipientes como pichingas, estañones y tanquetas, para finalmente trasladarlo a otras zonas por medio de autobuses, vagonetas, vehículos livianos, camiones, entre otros.
“El día de hoy hemos dado el golpe más contundente hasta ahora contra el robo de combustibles en el país motivo por el cual nos sentimos sumamente orgullosos y esperanzados”, indicó Karla Montera, presidenta ejecutiva de Recope.
El perjuicio económico es de aproximadamente ₡530 millones, indicó el OIJ.
