Participaban en estructura de extracción de combustible, según OIJ
Los tres funcionarios de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) que fueron arrestados durante el megaoperativo por robo de combustible se exponen a penas de hasta 35 años de cárcel.
A ellos se les investiga por los delitos de robo de combustible, asociación ilícita y peculado. No obstante, a criterio de juristas, la línea se podría ampliar a cohecho propio, corrupción agravada y daño a la hacienda pública.
“Si estas personas no son consideradas por el Ministerio Público como parte de la organización podrían enfrentarse al delito de cohecho propio, que se comete cuando un funcionario público recibe una ventaja indebida para realizar un acto contrario a sus funciones; pero si se determina que existe grave afectación al patrimonio del Estado, se podrían enfrentar al aumento de la pena hasta de un tercio”, explicó el exjuez penal Mario Piedra.
Entre las medidas cautelares que se pueden solicitar está la inhabilitación del cargo, sin embargo, sería con goce de salario porque prevalece el principio de inocencia.
Las investigaciones del Ministerio Público apuntan a que este grupo criminal brindaba información a tres organizaciones para que cometieran los hechos delictivos.
¿Cómo operaban?
Una de las técnicas que utilizarían sería la instalación de tomas ilegales en fincas y propiedades de la institución en Moín, donde se perforaba el poliducto ubicado entre la línea marítima de Recope y los barcos petroleros.
Una vez extraídos, los combustibles se depositaban en pichingas, estañones y tanquetas para transportarlos en buses, vagonetas y camiones, y posteriormente comercializarlos con distintas personas y entidades, entre ellas varias estaciones de servicio.
Karla Montero, presidenta ejecutiva de Recope, aseguró que se contabilizan más de ¢5.000 millones sustraídos en hidrocarburos.
Entre los lugares allanados están tres gasolineras, dos en Sarapiquí
y una en Poás, porque al parecer compraban gasolina robada.“En términos económicos estamos calculando un perjuicio en dos años solo en Turrialba de ¢708 millones, mientras que en Limón ¢5.000 millones. Tenemos que decir que se realizaron varios allanamientos en estaciones de servicio en Sarapiquí y Poás, las cuales no solo robaban, sino que también compraban el combustible”, declaró.
El caso, el cual fue denominado Huachicoleros por los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), buscaba detener a 18 personas sospechosas del delito de robo de combustible.
Por esta razón se realizaron 36 allanamientos en casas de habitación y predios ubicados en el cantón central de Limón, Guápiles y Alajuelita, dos oficinas de Recope, una de Incopesca, tres estaciones de servicio en Sarapiquí y Poás de Alajuela.
Otra vez Macho Coca
Randall Zúñiga, director del OIJ, aseguró que durante la investigación se logró determinar que un hombre de apellidos Bell Fernández, alias Macho Coca, estaría involucrado en el caso.
“En Limón se busca desarticular tres grupos criminales. El primero de ellos liderado por un sujeto conocido como Macho Coca, quien en apariencia extraía el combustible para venderlo, pero también usarlo en embarcaciones propias”, manifestó.
Precisamente Manrique González, abogado de Bell Fernández, aseguró que se analizarán las pruebas, sin embargo, por lo que ha visto son tenues.
“Esto es normal en este tipo de allanamientos, debido a la culminación de un proceso que se ha venido realizando. Los indicios contra mi cliente son muy tenues, pero tenemos que analizar el expediente”, destacó.
El director del OIJ enfatizó en que se allanaron las oficinas del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca) porque al sospechoso se le facilitarían hasta 7.000 litros de combustibles para utilizarlos en las embarcaciones.
Diario Extra consultó una posición a dicha institución, pero únicamente indicaron que colaborarán con las autoridades y facilitarán las informaciones requeridas.
Gordillo de Sarapiquí
También fue detenido un hombre de apellido Soto y conocido como Gordillo, quien sería el dueño de varias gasolineras: una en Horquetas de Sarapiquí, otra en el centro de este lugar y otra en Poás.
En apariencia llenaba uno de los compartimientos del camión cisterna que compraba y en los otros tres depositaba combustible robado.
En forma paralela los agentes del OIJ llevaron a cabo 15 allanamientos en los distritos de Peralta, Turrialba y Tres Equis, así como en Siquirres de Limón, por otra investigación relacionada con el robo de hidrocarburos.
Con estas pesquisas se pretendía detener a 15 sospechosos de sustracción, almacenamiento, transporte y distribución de combustible de manera ilegítima.
