Dos funcionarios de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) se llevan casi ¢2,8 millones por el pago en pluses ilegales.
La denuncia fue realizada en el informe AOPER-075-2022 de Auditoría de Carácter Especial sobre el uso y control del modelo de sustitución de plazas en el mismo código y bajo la figura de servicios especiales en la CCSS, de la Auditoría Interna.
El análisis hace alusión al pago de incentivos salariales a funcionarios que se trasladan a laborar a proyectos especiales, el cual señala que, por su naturaleza, no corresponden ser cancelados bajo esta modalidad.
Es decir, se está pagando el incentivo que está dispuesto por una labor específica que el funcionario deja de cumplir y aun así se está manteniendo hoy día.
El origen del estudio se efectuó como parte del Plan Anual Operativo de la Auditoría Interna de la institución para el año 2022.
CASOS PARTICULARES
El primer caso corresponde al funcionario P.B.A para el proyecto Plan de Innovación para la Mejora de la Gestión Financiera, siendo originario de la Lavandería Alfonso Zeledón Venegas.
Cita el informe de la Auditoría Interna que el nombramiento de este funcionario se presentó a partir del 26 de noviembre de 2020 en la plaza 11512-Supervisor de Producción.
El incentivo salarial improcedente es por retribución por riesgo de lavandería y auxilio económico por un monto girado de más hasta diciembre de 2022 por ¢2.103.839,65.
El segundo funcionario involucrado con las sumatorias de más es L.A.M, para el Proyecto Expediente Digital Único en Salud (EDUS), siendo originario del Hospital San Juan de Dios.
Su nombramiento se dio a partir del 14 de febrero de 2022 en la plaza 36645-Médico Asistente Especialista en Cirugía General, cita el informe de Auditoría Interna.
El incentivo salarial improcedente es por auxilio económico y la suma pagada de más fue ¢676.806,60, detalla el análisis de la institución de la CCSS.
De acuerdo con la Auditoría, esos pagos rozan la legalidad establecida en la Ley General de Control Interno, las Normas de Control Interno para el Sector Público y la Normativa de Relaciones Laborales.
ENTREVISTAS
La Auditoría Interna de la CCSS elaboró tres entrevistas para indagar más en los motivos por los cuales se están cancelando esos conceptos de forma improcedente.
Walter Campos Paniagua, director de Administración y Gestión de Personal, dijo que la dirección que representa identificó casos de funcionarios que al ser trasladados a proyectos estratégicos se les mantienen pagos que no les corresponden.
“Eso debido a la propia naturaleza u origen de ese concepto, por ejemplo, no procede el pago o reconocimiento del riesgo manicomial, vacaciones profilácticas, auxilio económico, retribución por riesgo, peligrosidad, entre otros”, indicó Campos.
Diego Leiva Alfaro, funcionario del Proyecto EDUS, indicó que a la persona no le corresponde ese pago, por lo que se enviarán las aclaraciones pertinentes para corregir el asunto en cuestión.
“A la compañera no le corresponde el auxilio económico, ella es conocedora del tema. Se estará enviando la nota con la aclaración del caso para lo que corresponde (al Hospital San Juan de Dios)”, apuntó Leiva.
Miguel Obando Rivera, jefatura del Área de Lavandería Zeledón Vargas, también fue requerido vía correo electrónico por la Auditoría Interna de la CCSS.
“Efectivamente, el P.B.A está destacado en el proyecto del Plan de Innovación y se le ha estado cancelando el auxilio económico y la retribución por riesgo. Sin embargo, tengo entendido que no se ha realizado ninguna gestión de rebajo de dicho incentivo”, señaló Obando.