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Mauricio Montero Montanari, quien fue el jefe de tesorería del MOPT y quien denunció irregularidades en el pago de arreglos a vehículos de dicha institución por medio de la caja chica, aseguró que teme por su vida, pues varias personas le indicaron que lo podían matar por dichas denuncias.
Montero estuvo en DIARIO EXTRA y esto fue lo que denunció:
¿Cómo determina las anomalías en las facturas presentadas al MOPT?
-Por mi experiencia en la ejecución presupuestaria en el gobierno, asumo la responsabilidad de la jefatura de la tesorería del MOPT. Hago un diagnóstico de cómo estoy recibiendo la tesorería y eso me lleva a hacer un estudio del año inmediato anterior y hago un comparativo con el año actual. Logro determinar que en, al menos, un programa que es el 328 “Regulación marítimo portuaria”, hay una serie de tres facturas que se presentan para arreglo de vehículos, en las cuales hay sobreprecios y que siempre hay un mismo sujeto adjudicado.
¿Por qué en esas facturas se repiten montos cercanos a los ¢300 mil?
– El monto se repite porque hay una disposición de la Tesorería Nacional, que es el ente rector de las cajas chicas del Estado, que compras mayores a ¢300 mil deben estar sujetas a la autorización de la Tesorería Nacional. De ahí que, todos los montos de las facturas, que también formó parte de las irregularidades, rondaban los ¢300 mil, sin alcanzar esa suma y ese fue un indicio fuerte para seguir investigando.
¿Qué otras irregularidades encontró en las facturas?
– Cuando hice el estudio preliminar lo único que encontré fue la frecuencia de los arreglos de los vehículos hacia un mismo adjudicado y todas las facturas de los tres talleres diferentes que participaron con la misma letra. En un mes se le adjudicaba a un taller que hacía la factura con una letra y al mes siguiente o a las semanas, se volvía adjudicar al mismo taller con letra diferente que coincidía con otras facturas de los otros talleres.
¿Usted extiende su investigación hasta el año 2011?
-A raíz de que hice esos informes de investigación, la Dirección Financiera y la Subdirección Financiera, en la persona de Francisco Molina, como subdirector y María Ester Céspedes, como directora, me hacen la prevención de que los informes que estoy haciendo son muy detallados, y que tienen demasiada información, nuestro deber era simplemente pagar las facturas y no ahondar en el detalle que se estaban robando el dinero. Yo les aclaro que de conformidad con la ley de control interno eso no es posible, que tenemos un deber de custodia de los fondos públicos y que eso hay que denunciarlo. Me indican que ese informe no debe ser remitido a la auditoría interna y yo me niego. Aquí es cuando amplío la muestra hasta el 2011 y me encuentro que existe la posibilidad de un delito recurrente. Sin embargo, hacen una acción de personal y en menos de tres horas me sacan de la Dirección Financiera y no tengo como sacar más pruebas para la investigación.
¿A cuánto asciende lo que, posiblemente, se pudo defraudar?
– Lo que determino es que la cuantía de los arreglos a esas tres personas en ese lapso es de unos ¢30 millones, pero no puedo determinar la pérdida al Estado porque eso lo deben determinar las autoridades judiciales.
¿Esos ¢30 millones serían solo un 5% del muestreo?
– Bueno, la operativa de caja chica solo en materia de compras anual es de alrededor de ¢180 millones, si los multiplica por 10, son ¢1.800 millones en la operativa total de caja chica para ese tipo de gasto. Si tomamos en cuenta que la muestra no fue muy significativa por la forma en la que me sacaron, podría ser que pueda tener una proporción más grande.
¿Cómo deben presentarse las facturas?
– Uno de los elementos fundamentales es que se deban presentar tres facturas, que cumplan con los elementos legales en este tipo de documentos, donde se estipule cantidad, el tipo de servicio, el costo por tipo de servicio y el monto total y que el criterio para asignación del adjudicado debe ser el menor precio. Entonces, en todas esas facturas, tachadas, alteradas, con la misma letra, es que se escoge al de menor precio pero en monto muy elevado con respecto a los arreglos que se le están haciendo a los vehículos.
¿Qué pasa en el despacho del ministro Segnini cuando presenta la denuncia?
– Hago un informe en que le indico al ministro y le pido una cita para presentarle una denuncia, pero antes de eso quise ir a la oficina del Oficial Mayor, a plantearle la situación y ni siquiera quiere recibirme en la oficina, aunque le digo que soy el jefe de tesorería que vengo a presentarle una situación delictiva con pruebas en mano. Cuando sucede eso hago un informe tipo denuncia a presentárselo al ministro, cuando llegamos me dice \’mire estoy muy ocupado, tengo que atender a unos diputados y es que solo tengo 5 minutos para atenderlo y a mí lo único que me preocupa son las amenazas de muerte y que para lo demás tengo a mi asistente personal quien es lo que lo va atender\’. Le entrego las pruebas documentales a esa señora. Le entrego la denuncia, analiza los documentos y lo que me indica literalmente es: \’a esta gente hay que sacarla de inmediato porque le están haciendo un daño muy grave al ministerio, no pueden estar un día más, voy a hablar con el ministro para intervenir la unidad financiera para sacarlos de ahí\’. Dos días después para ver qué pasó con la investigación, ella me dijo que ya había hablado con el ministro y que tenía que actuar porque usted tenía pruebas contundentes. Luego me dijo que la investigación era confidencial y que no me podía dar ningún dato.
¿Teme usted por su vida?
– Definitivamente sí. Lo había mantenido en el ámbito administrativo no lo había hecho público porque creía en la institucionalidad del país, y pensé que con la promesa de campaña del señor Presidente se iba a materializar esa forma de sacar de la función pública a la gente corrupta. Si hay peligro para mi vida cuando soy víctima de esta persecución interna, acudo a unas áreas del ministerio que atienden este tipo de situaciones, me dicen que tenga cuidado porque a usted lo van a matar. Cuando les pregunto por qué, me dicen hay un caso en el pasado, relacionado con el hermano de la periodista Amelia Rueda, que iba a denunciar y trabajaba aquí en el MOPT, lo mataron entrando a su casa. Usted está en sumo peligro.
Valoro ir al Ministerio Público, pero antes acudo al Servicio Civil y los abogados que me atienden me indican \’a usted lo van a matar, el mejor concejo es que se consiga otro trabajo porque en el MOPT hay una red corrupción organizada y a usted lo van a matar o le van a montar una cama para sacarlo sin ningún derecho\’.
¿No insistió con su denuncia ante el ministro?
– Antes de acudir a las vías jurisdiccionales, dándole una última oportunidad a la administración acudo a preguntar al despacho (del ministro) qué había pasado con la investigación y lo que me dijeron es que \’no sabemos nada\’ y me lo mandaron a decir con una secretaria. Como última instancia hice una carta a la auditoría interna y les informo que el ministro en dos meses no ha hecho nada y que por favor intervengan. Cuando ellos intervienen ante el ministro y le piden que le indiquen qué ha hecho el ministro, lo que les informan es que se hizo una investigación preliminar para la toma de decisiones. Y dos días después premia a una de las personas más cuestionadas nombrándola en una dirección.
Ministro dice que se enteró tarde de denuncia
En medio de las carreras, pues iba de viaje hacia Bruselas en compañía del presidente Luis Guillermo Solís, el ministro de Transportes, Carlos Segnini, atendió al DIARIO EXTRA mientras bajaba de su despacho e ingresaba al carro y de forma escueta comentó que “la notificación la recibí hace poco”. De forma insistente le decía a su chofer que arrancara el carro mientras dijo “se hizo la investigación, la firmé el lunes y está en proceso de notificación”.
¿Qué dice de la investigación?
-Ya se lo comunicaremos. Ahí está la investigación, después les pasamos copia, se hizo una investigación que se pagó.
Además, envió un documento por medio del cual hace referencia únicamente al proceso administrativo interno en el caso del denunciante Mauricio Montero Montanari y asegura que nunca hubo hostigamiento laboral y que la Sala Constitucional no advirtió ninguna irregularidad. “En la actuación de la administración al trasladar al denunciante a otra dependencia del Ministerio, pues no se afectó en ningún momento su condición laboral. Respecto a la afirmación de que el Ministerio ascendió a uno de los señalados en la denuncia, es importante aclarar que este movimiento fue resultado de un proceso transparente que respetó la carrera administrativa. Y seleccionó al candidato idóneo para realizar la función”.
El documento, en el que no se hace referencia a la supuesta alteración de facturas que podrían beneficiar a un poveedor o a las amenazas de muerte que se denunciaron ante el Ministerio Público, fue firmado por Carlos Segnini.