Una funcionaria del Patronato Nacional de la Infancia (PANI) de apellido Barboza, quien desde el 13 de agosto es requerida por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) porque al parecer está ligada al caso de manipulación de expedientes y aún no es detenida, se encuentra fuera del país.
De acuerdo con las autoridades judiciales, el despacho de la trabajadora detalló que regresará en setiembre.
“La Fiscalía Adjunta contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes informó que, en el caso de la imputada Barboza, la defensa técnica de esta persona contactó al despacho y señaló que su representada se encuentra de viaje fuera del país y que esta se presentará en setiembre, una vez que regrese a Costa Rica”, indicó el Ministerio Público.
Por otro lado, aclaró que no existe una orden de captura internacional, sin embargo, aseguran que velará por el cumplimiento para que la sospechosa se presente a la oficina correspondiente.
SOBRE EL CASO
El 13 de agosto agentes de la Sección Especializada en Violencia de Género, Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes del OIJ detuvieron a tres mujeres y dos hombres, quienes figuran como sospechosos del delito de trata de personas con fines de adopción irregular.
Debido a lo antes mencionado, las autoridades allanaron las oficinas del PANI en Cariari de Pococí, la sede de Puerto Jiménez en Puntarenas, el Departamento de Atención Regional Inmediata en Alajuela, la sede en Orotina y un centro integral ubicado en Santa Ana, San José, con el fin de recabar evidencia de relevancia para la investigación.
“Por su parte, la detención de estas personas se habría dado en el transcurso del día en vía pública en los sectores de Guácimo, Siquirres, Pococí, Puerto Jiménez y Orotina. Finalmente, los detenidos fueron presentados con un informe ante el Ministerio Público para que se le determine su situación jurídica.
Las indagaciones referentes a este caso continúan para esclarecer si estos funcionarios habrían recibido algún tipo de dádiva”, añadió la policía judicial.
CINCO TRABAJADORES SEPARADOS
Cabe señalar que los cinco colaboradores del PANI investigados por el delito de trata de personas quedaron libres y sin medidas cautelares, no regresaron a sus puestos de trabajo por ahora, pero continuarán recibiendo su sueldo íntegro.
Así lo confirmó a DIARIO EXTRA la presidenta ejecutiva de la institución, Kennly García, quien comentó: “Se mantienen con goce de salario, no porque el PANI así lo quiera, sino porque así lo establece la normativa”.
Aseguró que el Patronato no puede emitir sanciones de momento, ya que antes se debe acreditar que cometieron una falta y por ahora el proceso disciplinario interno se mantiene en fase preliminar.
A pesar de esto, aseveró: “Los funcionarios no pueden reintegrarse a sus funciones ni a su centro de trabajo. Esto es así y continuará así por diferentes razones y una de ellas es velar por la transparencia y el resguardo de todos los extremos y detalles y etapas que implica una investigación a nivel administrativo”.
INTERVENCIÓN
Por este caso la Federación Alianza Evangélica Costarricense solicitó al Gobierno intervenir el PANI, ahondar en las investigaciones y “actuar con firmeza y urgencia”.
“Reprochamos estos actos en contra de nuestra niñez, actos que sin duda provocan serias y dolorosas consecuencias que afectan el desarrollo de las personas menores de edad. Pedimos al Gobierno que estos delitos no queden impunes”, manifestó Ronald Vargas, presidente de la Alianza.
Según indican en la organización religiosa, se trata de un tema “inconcebible”, en el que se puso en riesgo la vida de las personas menores de edad.
“Se requiere por parte de las autoridades respectivas actuar de manera inmediata y con firmeza ante las denuncias realizadas”, recalcó.