Una funcionaria del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) de apellido García habría viajado de forma personal en seis ocasiones mientras contaba con una incapacidad médica, situación denunciada por la directora de la Contraloría de Servicios de la institución, Sandra Ruíz.
Según consta en la publicación del Diario Oficial La Gaceta, Ruíz habría señalado al Ministerio que “se encuentra incapacitada desde 2019, se ha conocido en esta Contraloría que la servidora ha salido del país varias veces en ese lapso en varias ocasiones”.
García se desempeña como encargada del área metropolitana dentro del mismo departamento contralor y aún se mantiene bajo incapacidad, confirmó el departamento de prensa del MOPT.
El MOPT confirmó que la investigada se mantiene incapacitada hoy en día.Los viajes realizados por la trabajadora fueron constatados mediante los movimientos migratorios registrados por la Dirección General de Migración y Extranjería, donde se revisaron los períodos junto a los plazos de incapacidad aprobados por la Dirección de Gestión Institucional de Recursos Humanos.
La situación escaló al entonces ministro de Transportes, Mauricio Batalla, quien el 1° de octubre de 2024 envió un oficio en el que ordena “el inicio de un procedimiento administrativo disciplinario en contra de García, con el fin de que se determine la existencia de responsabilidad disciplinaria de la servidora de cita”.
Ejercicio profesional ilegal
Otra de las causas señaladas por el Ministerio de Obras Públicas es un aparente ejercicio ilegal de la profesión mientras laboraba en este lugar, situación que se encuentra prohibida para los funcionarios estatales, según la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública.
En el texto se señala que el “10 de junio de 2024 se apersonó su hija (de García) para entregar el papeleo para una solicitud de un permiso sin goce de salario, se filtró un documento en el cual la licenciada firma en original y estampa el sello del Colegio de Abogados y Notarios”.
Continua: “Es importante aclarar que no tiene que ver con temas del MOPT, ni de la función de la trabajadora en esta Contraloría, no obstante, deja en evidencia un presunto o aparente ejercicio de su profesión fuera de la institución, a pesar de que goza del pago de prohibición”.
Este pago es una cláusula en la contratación pública, donde a aquellos trabajadores del Estado que se les prohíba ejercer sus profesiones fuera de las instituciones, se le dará una retribución económica equivalente a un 65% sobre el salario base fijado para su categoría.
Pérdida de plaza
El abogado laborista José Andrés Torrentes explicó a Diario Extra que en materia legal se les inhibe para realizar labores de disfrute mientras se cuenta con una incapacidad.
“El Reglamento del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte regula lo que son los temas de las incapacidades, en el cual se establece que se da a una persona para que no haga sus actividades habituales e incluso si está dentro de la función pública debe estar avalada por la Caja Costarricense de Seguro Social, en casos de enfermedad, accidente o maternidad”.
Torrentes señaló que como parte de las posibles sanciones podría exponerse a perder su plaza dentro del Ministerio, o bien, a separaciones del cargo sin goce salarial.
“Esto va a depender de la gravedad de la acusación y de lo que en el proce.dimiento administrativo se establezca, pero las sanciones pueden ir desde tres, cuatro o 10 días de suspensión sin goce de salario o hasta tres meses incluso y se puede contemplar hasta la revocatoria de nombramiento”, señaló el abogado.
El procedimiento disciplinario llevado a cabo por el MOPT continuará con una audiencia privada junto a la funcionaria.
