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La filtración de información desde distintos cuerpos policiales figura entre las principales razones por las cuales las autoridades costarricenses no han logrado capturar a Alejandro Arias Monge, alias “Diablo”, considerado el criminal más buscado del país.
Así lo reconocieron altos mandos del sector seguridad, luego del anuncio emitido por la Administración para el Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos, que ofrece una recompensa de $500.000 (¢254 millones) por datos que permitan su arresto o enjuiciamiento.
Michael Soto, subdirector del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), confirmó que, en varios intentos de captura, Arias Monge fue alertado previamente, lo que le permitió huir hacia zonas cercanas a la frontera con Nicaragua.
“Se ha producido una fuga de información hacia este individuo desde distintas fuerzas policiales, lo cual ha complicado su localización”, aseguró Soto en conferencia de prensa.
Una vez advertido sobre los operativos, el fugitivo se moviliza hacia regiones rurales, zonas costeras y sectores
fronterizos, lo que dificulta aún más su rastreo.
Por su parte, Mario Zamora, ministro de Seguridad Pública, negó que dentro del Ministerio existan funcionarios con vínculos familiares con Arias Monge.
Incluso el presidente Rodrigo Chaves se refirió al caso y aseguró que alguien dentro del aparato estatal ha estado informando al prófugo sobre los operativos en su contra.
“Manejamos sospechas que, por motivos evidentes, no puedo revelar, pero puedo asegurar que no se trata de alguien del Poder Ejecutivo”, expresó el mandatario.
Falta de recursos agrava la situación
Durante una comparecencia pública, las autoridades judiciales también admitieron que la falta de recursos logísticos y tecnológicos ha entorpecido la aprehensión del fugitivo.
Consideran que la cooperación de la DEA, así como el respaldo operativo del gobierno estadounidense, podría facilitar su localización.
“El OIJ carece de helicópteros y embarcaciones. Cuando organizamos un operativo, debemos contar con el apoyo de varias instituciones, lo que genera muchas complicaciones”, explicó Soto.
Fuentes vinculadas al ámbito judicial informaron a Diario Extra que el país tampoco dispone de tecnología especializada, como aviones de patrullaje o drones de vigilancia, que permitan un monitoreo constante en las zonas por donde se desplaza el sujeto.