
La creación de una comisión especial legislativa que analice y proponga cambios en la administración mediante proyectos de ley al Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), que hoy distribuye poco más de ¢500.000 millones entre cuatro de las cinco universidades públicas, está cerca de concretarse en la Asamblea Legislativa.
Se trata de una moción que impulsa el legislador liberacionista Wagner Jiménez y que según indicó a DIARIO EXTRA tendría el apoyo de los 7 jefes de fracción.
Las dudas de los diputados sobre la administración de los recursos públicos que reciben las universidades crecieron en las últimas semanas, después de los gastos millonarios que impulsan en obras de infraestructura principalmente la Universidad de Costa Rica (UCR) y la Universidad Nacional (UNA).
¿Qué es el FEES? Es la plata que el Estado debe otorgar a las universidades públicas para financiar la educación superior.
El artículo 78 de la Constitución Política establece que se debe invertir el 8% del Producto Interno Bruto en la educación pública, de esa cifra el FEES recibe el 1,4%.
En 2017 el gobierno de Luis Guillermo Solís aumentó en ¢38.000 millones el dinero al FEES, llegando a ¢478.570 millones. Este año tuvo un aumento del 3,7% y llegó a ¢496.266 millones.
Para 2019 el acuerdo entre los rectores y el gobierno fue para recibir ¢511.154 millones y por primera vez se incluirá distribución de recursos para la Universidad Técnica Nacional (UTN), que recibiría ¢34.868 millones.
Vale recordar que los diputados acordaron un recorte de ¢10.000 millones al presupuesto del próximo año, aunque aun así este crecerá en ¢5.000 millones.
DISTRIBUCIÓN Y SALARIOS
El acuerdo al que llegaron los rectores de la UCR, UNA, Universidad Estatal a Distancia (UNED) e Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC) es que la distribución del Fondo se haga de la siguiente forma: UCR 57,8%, UNA 23,4%, TEC 11,3% y UNED 7,5%.
En la página oficial de la UCR se indica que este año esa casa de enseñanza superior recibió del FEES más de ¢267.000 millones, de los cuales el 45% se destina al pago de salarios a docentes y el 25% a cancelar los sueldos del personal administrativo. Es decir, el 70% se va en pago de planilla.
PREOCUPACIÓN
Los diputados insisten en analizar el gasto de estos recursos, pues consideran que la calidad de la educación superior parece ir en contraposición de la cantidad de recursos que se otorgan.
“Me preocupan los datos de la OCDE que dicen que en Costa Rica de cada 10 jóvenes procedentes de familias pobres solo 1 logra ingresar a una universidad pública y también lo que dice la Encuesta Nacional de Hogares, que solo el 22% de la población costarricense ha tenido ingreso a la universidad o ha llevado un año de universidad. Creo que esos datos son reveladores versus el dinero que invertimos en la educación superior”, indicó Jiménez.
Su compañero de bancada Roberto Thompson agregó que en momentos de crisis fiscal hay que ser muy estrictos en la calidad del gasto.
“Vamos en la línea en que la Asamblea Legislativa está interesada en conocer más detalles de cómo se invierten los recursos para fortalecer la educación superior”, comentó.
Ambos legisladores insisten en que esta propuesta no pretende recortar dineros al FEES, sino fortalecer la inversión que se hace y para ello quieren conocer la opinión de los rectores.